El proyecto que se lanzó en 2011 desde Paterna y que prevé inversiones de cientos de millones (87 de ellos en obras públicas, incluyendo la prolongación de la línea de tranvía) se ha convertido en un tabú para los socios de gobierno PSPV y Compromís. Mientras Compromís se ha opuesto de forma radical a un proyecto que no entra en su modelo comercial y de desarrollo del territorio (Mónica Oltra lo tachó de «barbaridad» siendo ya vicepresidenta), los socialistas han apelado a la seguridad jurídica para respaldar, aunque sea sotto vocce, una iniciativa que dé brillo a la cuenta de inversión extranjera que está bajo mínimos en la C. Valenciana.
El asunto también genera tensiones políticas en Paterna. El socialista Juan Antonio Sagredo, que se opuso a él cuando era oposición con argumentos de defensa del territorio y el pequeño comercio, lo ha apoyado una vez llegó a la alcaldía: en ocasiones de forma abierta; otras apelando precisamente a la seguridad jurídica.
En los últimos meses, sin embargo, el PSPV ha sacado de la agenda este tema para poder recomponer las relaciones con Compromís, teniendo en cuenta que es un tema que ya depende únicamente de la Generalitat, y buscando estabilidad en el gobierno local. Compromís de Paterna, por su parte, ha aparcado igualmente el debate, y confía en que el proyecto no supere el trámite de la evaluación ambiental que está en manos del ecologista Julià Álvaro y la Conselleria de Medio Ambiente de Compromís.
Precisamente, en los últimos tiempos están apareciendo informes que ponen pegas a un proyecto que ha recabado decenas de valoraciones favorables, a entender de los promotores, de entidades y organismos de todo tipo. Todo ello tras la tramitación por la vía de la ATE que pretendía acelerar el proyecto y ante el malestar de los promotores tras años de reuniones. En el mejor de los casos para ellos, el complejo estaría en marcha a principios del año 2019.
