La administración autonómica con todos los grifos financieros cerrados para acometer proyectos y la inversión pública bajo mínimos. La inversión privada se ha convertido en una de la única salida que tiene el Consell para poner primeras piedras y cortar alguna cinta esta legislatura. Sin embargo, pocas inauguraciones se vislumbran en el horizonte.

Junto al portazo de ayer a Puerto Mediterráneo, en lo que va de año se suma también otro proyecto comercial fallido, el Ikea de Alicante. El proyecto de la multinacional sueca sigue acumulando retrasos. El promotor, Enrique Ortiz, ha desistido tras haber encallado también en el trámite medioambiental. En estos momentos, la única gran inversión que se está tramitando en la C. Valenciana es la ampliación de la firma Tempe, vinculada al gigante textil Inditex, por medio de la modificación del plan parcial de Elx.

En realidad, no llegan grandes noticias ni de la inversión nacional ni de la extranjera, que es un solar. En el segundo trimestre de este año, el flujo de capital foráneo a empresas valencianas cayó al nivel más bajo en una década: apenas llovieron 6,8 millones entre marzo y junio. En lo que va de año, son 53 millones. A Cataluña han llegado más de mil. A Madrid, 3.425.

Con la excepción de 2014, cuando llegaron 823 millones gracias a la inversión de Ford en Almussafes, en lo que va de década no ha habido año en que el flujo de capital extranjero a la C. Valenciana se acercara a las magnitudes que ofrecía este proyecto.

El grupo Intu es propietario de Puerto Venecia, en Zaragoza, con una afluencia de unos veinte millones de personas al año; también tiene centros en Vigo, Palma y están levantando uno en Torremolinos. La de Paterna se planteaba como una inversión clave en la estrategia de este grupo, algo así como una pica en Valencia para The Peel Group, el gigante británico con intereses también en energía o puertos al que pertenece Intu.

Fuentes del mundo empresarial valenciano lamentaban en la Noche de la Economía de ayer la imagen de desconfianza que desprenden decisiones como esta. Precisamente, la «seguridad jurídica» es el argumento que han esgrimido desde la Conselleria de Obras Públicas tanto en público como en privado: «Es fundamental dar la máxima seguridad jurídica a todos los posibles inversores: hay que recuperar la reputación como administración que gestiona con rapidez, eficiencia y la máxima seguridad. Hemos visto inversiones como la ZAL de Valencia, el Marina d´Or Golf o la Ciudad de la Luz, desarrolladas y que luego los tribunales las han anulado. Es muy importante que cuando entremos a hacer una inversión, el empresario sepa que un paso adelante es un paso firme y somos una administración responsable», defendía ayer Lluís Ferrando, director general de Territorio.

En este sentido, recuerdan desde Obras Públicas, se está enfrentando a demandas de responsabilidad patrimonial por sentencias del Supremo que están anulando PAI.