El fin de Puerto Mediterráneo está escrito si la consellera de Infraestructuras, María José Salvador, firma definitivamente su defunción con el argumento de la memoria de evaluación ambiental desfavorable, que es determinante (no se puede recurrir) pero que no es vinculante. Pero el proyecto de capital extranjero ya había sido sentenciado meses antes pese a la falta de numerosos informes técnicos ya que, tanto Compromís „que se oponía en su programa electoral a su tramitación„ como la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, habían mostrado reiteradamente su desacuerdo con el macrocentro comercial y de ocio. Oltra, en un desayuno informativo el 29 de septiembre de 2015 y delante de la patronal y del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, fue un pasito más allá y asestó: «Puerto Mediterráneo es una barbaridad insostenible e inviable».

Una vez firme la consellera de Infraestructuras después de que pase por la subsecretaría de Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE) y la Conselleria de Economía, empezará el más que probable camino administrativo y judicial entre la empresa impulsora del proyecto, Intu Eurofund Valencia SL y la Generalitat. En el momento en que Salvador firme la defunción del proyecto, los inversores podrán presentar un recurso sobre la decisión. En caso de que la Conselleria de Infraestructuras volviera a denegar la aprobación se abriría el proceso contencioso -administrativo. Sería entonces la justicia la que dirimiría la validez de los cincuenta informes presentados, 47 a favor y tres en contra, uno de ellos del Ministerio de Fomento.

Además de la vía contencioso-administrativa, Intu Eurofund Valencia podría reclamar a la Generalitat responsabilidad patrimonial y a la consellera que firma la defunción de la actuación, responsabilidad personal. La compañía ha invertido y comprometido el proyecto unos veinte millones de euros. El año pasado según ha podido saber Levante-EMV, la empresa compró 100.000 metros cuadrados de terreno en la Mola de Paterna, donde se preveía construir el macroproyecto.

La firma podría reclamar la inversión realizada, el lucro cesante y el coste de oportunidad, además de una indemnización que podría ser millonaria. Intu Eurofund Valencia tiene unos derechos adquiridos puesto que tiene depositada en la Generalitat desde febrero de 2013 una fianza de 1,5 millones de euros que entregó cuando el anterior Consell del PP aprobó el inicio de la Actuación Territorial Estratégica de Puerto Mediterráneo.

Recientemente, la empresa ha realizado una reducción de capital del 61.83 % el pasado día 16 del pasado mes de septiembre. En concreto, la sociedad pasó de tener 1.280.780,00 euros de capital social a 488.900 euros. Estas actuaciones se realizan para destinar recursos a otros proyectos más adelantados, aunque CCOO cree que la intención de la firma podría ser salir en breve de la Comunitat Valenciana por la falta de interés en el proyecto.