El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha trasladado este viernes al inversor del Proyecto Puerto Mediterráneo en Paterna, Salvador Arenere, que el ejecutivo central "dará todas las facilidades" para que el proyecto, que prevé una inversión de 860 millones de euros y generar 5.000 puestos de trabajo de forma directa, «salga adelante».

Así se lo ha hecho saber en un encuentro mantenido entre ambos, en el que Moragues le ha asegurado que el Gobierno dará «todo tipo de facilidades al proyecto», que ha calificado de «generador de riqueza, crecimiento y empleo». El delegado ha subrayado que el Ejecutivo central siempre estará «al lado de estas inversiones internacionales y dará todo tipo de facilidades para que salga adelante» sin poner «ningún tipo de impedimento, ni traba ni obstáculo a que sea efectiva y real la ejecución».

Al respecto, ha destacado que ya se está hablando con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que ha informado favorablemente a la espera de un estudio que tiene que aportar el promotor, y con Fomento, a través de la Demarcación de Carreteras, y están en "vías de subsanarse" pequeñas cuestiones pendientes.

En este sentido, ha indicado que ambos departamentos «van a dar facilidades y se está tramitando ya el expediente para que concluya en el menor tiempo posible».

Portavoz del Consell

Por su parte, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado este viernes que la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, «no puede hacer otra cosa" respecto al proyecto Puerto Mediterráneo en Paterna (Valencia) porque "no es cuestión de opinión sino de legalidad».

Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha recalcado al respecto que las decisiones sobre la viabilidad del proyecto se toman exclusivamente por informes técnicos que son "vinculantes" y no por opiniones políticas porque eso sería «prevaricar».

Al respecto, ha apuntado que el proyecto de Puerto Mediterráneo ha demostrado que la figura de los ATEs (Actuación Territorial Estratégica) que «se inventó» el PP para que "las cosas funcionaran en seis meses ha sido un fracaso estrepitoso" porque "llevan cuatro años y en otro procesos hasta seis".

Así, ha incidido en que es «un proceso meramente técnico que se debe quedar en el ámbito de lo técnico y no hay que opinar sino que los técnicos deben hacer sus informes y en función de eso tomar una decisión», ha apuntado.

En ese sentido, ha mostrado su coincidencia con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en que «las inversiones son bienvenidas pero que tiene que cumplir con los requisitos técnicos y legales».

Esta exigencia de legalidad contrasta, ha comparado, con las épocas anteriores en las que «estábamos acostrumbrados a que los informes eran de goma» y cualquiera que se presentaba con «una idea sin sentido se le daba un informe a favor contraviniendo la legalidad» y después el TSJ (Tribunal Superior de Justicia) "tumbó esas ocurrencias dejando estelas de ruina y elefantes blancos de obras sin acabar por ahí".

Por contra, ha recalcado que esto Consell es «serio» y funciona "sobre informes técnicos y los informes son vinculantes porque si no estaríamos prevaricando». «Lo dice la ley, la consellera no puede hacer otra cosa porque no es una cuestión de opinión sino de legalidad y la figura del ATE tiene unos condicionantes que se deben cumplir», ha apostillado.