Asfixiada por su elevado endeudamiento, intoxicada por cientos de activos inmobiliarios adjudicados y prácticamente sin actividad financiera por la desconfianza de los bancos protectores, el Banco de España pensaba que la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR) de la Comunitat Valenciana tenía los días contados. El supervisor se lo dejó muy claro a su presidente y director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca: «¿Cuándo la liquidamos: ahora o en 2018?», el año en que vencía el aval de 200 millones concedido por la Generalitat en 2013 para tratar de reflotar una sociedad ya por entonces mortecina.
La conselleria de Hacienda había recibido una herencia envenenada. Y es que la solución acordada con la banca por este departamento durante la etapa del popular Juan Carlos Moragues había salvado temporalmente a la SGR, pero había comprometido a futuro recursos de la Generalitat con la expectativa de un plan de negocio que apuntalara su recuperación. Fue una patada a seguir, como se dice en rugby, entre otros motivos porque las entidades financieras firmaron sin llegarse a creer que la sociedad avalista tuviera futuro. No prestaban dinero avalado por la SGR. La mejor prueba de ello es que las operaciones formalizadas entre 2013 y 2015 ascienden en volumen a 3,3 millones, mientras que lo previsto eran 60 millones.
Dilema
La cuestión es que Illueca se encontró con que tenía comprometidos unos 400 millones de euros, incluidos 60 en capital y los 200 del citado aval. El escenario, como lo califica una de las fuentes consultadas, «era dramático», singularmente para la Generalitat, que en todo el proceso había elevado su participación en el capital de la sociedad hasta el 40 %. El dilema a la vista era el siguiente: Forzar la liquidación de la entidad, con unos costes globales que el IVF no ha estimado, pero que serían muy altos, entre otros motivos porque lo esperable serían precios de derribo en la venta de los activos inmobiliarios y, por tanto, grandes pérdidas, o tratar de salvarla siguiendo de alguna forma el modelo de rescate de Bankia, es decir, cargar a los fondos públicos todo el agujero, renovar la entidad con una dirección profesional y establecer un plan de negocio que la haga viable una vez que, liberada de la mayor parte de sus deudas, sea creíble para la banca y esta vuelva a dar dinero. Dicho de otra forma: la tesitura era liquidarlo con elevados costes „para la Generalitat, los bancos que son socios protectores y las miles de pymes que están asociadas a la SGR por haber obtenido un aval„ y perder este instrumento financiero para el que no habría sustituto a corto o medio plazo o pagar la factura con fondos públicos y contar con una sociedad capaz de mejorar el acceso de las pymes a la financiación y de formar parte del futuro banco valenciano.
La Conselleria de Hacienda apostó por esta segunda opción y recibió el visto bueno del Banco de España. De hecho, a sugerencia del IVF, el supervisor accedió a computar como deuda de la Generalitat los 200 millones del mencionado aval, lo que ahora permitirá obtener ese dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y hacer un vencimiento anticipado del aval este diciembre. Fue la clave de bóveda de la operación, junto a la compra de activos tóxicos por 26,1 millones de euros y la futura amortización de la deuda bancaria senior (221,3 millones) mediante un contrato de reafinanciamiento (100,8) y la refinanciación de otros 94,3 millones. Ahora queda cerrar el acuerdo definitivo con la banca, depurar responsabilidades de los antiguos gestores y lograr que el plan de negocio dé sus frutos.
