Los estibadores del Puerto de Valencia que trabajan en los muelles Noatum y APM Terminals iniciaron a las dos de la madrugada de ayer una «marcha lenta selectiva» en las operaciones de carga y descarga de contenedores de los buques que ha reducido hasta un 30 % el nivel de actividad del recinto del Grao, respecto a los rendimientos medios, según informaron a Levante-EMV fuentes portuarias. En APM Terminals recuperó en parte la normalidad durante la tarde.
Esta velada protesta -que también se ha extendido a los puertos de Algeciras, Las Palmas, Bilbao y Barcelona, aunque en menor medida- se produce en vísperas del acto de investidura del presidente del Gobierno central. El nuevo Ejecutivo deberá acatar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) referente a la liberalización del sector de la estiba en España que rechazan los estibadores y servirá, en teoría, para poner fin al monopolio de un sector que emplea a 7.000 trabajadores en todo el Estado.
Las movilizaciones realizadas por los trabajadores portuarios podrían repetirse hasta el próximo martes -que es festivo- y afectan a los cambios de turno laboral, que se prolongan más de lo habitual y retrasa la operativa de los buques atracados en Valencia, según fuentes de Sevasa-Sagep. Pendientes del convenio colectivo de los estibadores de Valencia -Barcelona ya ha firmado el suyo- la comisión paritaria acordó consultar a la Comisión de la Competencia si el convenio colectivo de la estiba que se pretende firmar en el Puerto de Valencia se ajusta o no a los preceptos que la normativa marca como compatibles con la libre competencia. Por lo que respecta al principal caballo de batalla, la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 11 de diciembre de 2014, la patronal Anesco sostiene que no existe ninguna propuesta sobre el modelo de estiba futuro que se debe implantar en los puertos del Estado.
El Gobierno de Mariano Rajoy tendrá que pagar sanciones millonarias a Bruselas por incumplir la citada sentencia. La multa incluye la suma resultante de multiplicar 27.522 euros diarios de infracción desde que se dictó aquel fallo judicial (es decir, 15,6 millones de euros), así como el recargo o «multa coercitiva» de 134.107,2 euros durante cada día de retraso en la aplicación de la resolución del Ejecutivo de la UE, publicada el pasado 13 de julio de 2016.
