El Diari Oficial ha encendido hoy la cuenta atrás de un reloj de sesenta días. Es el tiempo que tiene de plazo Puerto Mediterráneo para decidir si recurre al sala de lo contencioso del TSJ el portazo que la Generalitat ha dado al proyecto. También es el tiempo que tienen los promotores para buscar un entendimiento con el presidente Puig, la vicepresidente Oltra y la consellera de Obras Públicas, María José Salvador.

La resolución aparecida esta mañana pone fin de forma oficial a la tramitación de la actuación territorial estratégica de Puerto Mediterráneo. Tal como es sabido, la memoria desfavorable de la Comisión de Evaluación Ambiental ha sido clave para tumbar el proyecto.

Los técnicos de Medio Ambiente y Obras Públicas dijeron 'no' al proyecto basándose en aspectos entre los que destaca los accesos, por incumplir la ley que obliga a dejar cien metros como espacio de reserva en los márgenes de la CV 35. El proyecto impulsado por Intu Eurofund los reduce a la mitad.

La resolución firmada por María José Salvador también supone la devolución de la garantía de un millón de euros que había depositado el promotor británico.

El escenario es incierto en estos momentos. El Palau de la Generalitat sigue sin dar fecha al encuentro solicitado por Intu para tratar de buscar una solución alternativa al proyecto. La aspiración de los inversores es mantener la vigencia de los más de 45 informes favorables que ha ido recabando de diferentes administraciones estos años.

Pero la consellera ha sido un muro ante esta idea y les emplaza a empezar de cero. La única alternativa ahora mismo es un plan parcial que, en el mejor de los casos, retrasaría como mínimo año y medio el proyecto.