La Junta General del Grupo Nisa „que controla siete hospitales y tres centros sanitarios en Valencia, Madrid y Andalucía„ celebrada ayer en Valencia finalizó con un veto a la entrada en el Consejo de Administración de los representantes del holding sanitario Vithas por «un conflicto de intereses». Los portavoces legales del consorcio controlado desde Cataluña abandonaron el encuentro antes de su finalización y anunciaron que impugnarán todos los acuerdos aprobados. Fue una cita tensa, que comenzó sobre las 12 del mediodía. El primero de los puntos del día era una petición de Vithas sobre la ampliación del número de consejeros, apuntando que debían pasar de doce a trece. La solicitud fue rechazada. Acto seguido, dos sociedades anónimas fueron nombradas como nuevos miembros del Consejo de Administración en representación del consorcio catalán. El grupo controla cerca del 45 % del accionariado y la Ley de Capitales le otorga esa presencia legal.
Nombramientos revocados
Sin embargo, un miembro de la Plataforma de Pequeños Accionistas defendió la revocación de los nombramientos. Los abogados de Vithas ya se habían ido. Acompañó su argumentación con un informe en el que se defiende que «ambas firmas tienen el mismo objetivo y ofrecen servicios similares. Son competencia». Su petición fue apoyada con más del 50 % de los votos.
«Ahora es un tema técnico y será un juez el que decida», apuntó ayer a Levante-EMV Jose Luis Pardo, director general de Vithas, que confirmó que el principal punto de fricción fue la ausencia entre los puntos del día de una petición sobre la puesta en marcha de una gestión de «autocartera». La aprobación de este procedimiento hubiera otorgado al grupo Nisa la potestad de adquirir los títulos de los pequeños accionistas mediante la utilización de reservas propias. Según el portavoz de Vithas, no había razones para la exclusión en la agenda del encuentro, ya que todos los trámites «se habían hecho en tiempo y forma». La Junta se celebró tras una petición suya y sus intenciones pasan por hacerse con el control de la empresa para convertirse en el segundo grupo sanitario privado de España, sumando los centros de Nisa a sus doce hospitales.
Sin embargo, se están encontrando con el rechazo numantino de la Plataforma de Pequeños Accionistas. Fuentes de este agrupación explicaron que «la aprobación de la ´autocartera´ podría causar que Nisa se viera obligada a pedir un crédito a un banco, ya que en estos momentos no dispone de liquidez suficiente para adquirir títulos. Esto causaría un aumento de la deuda y una presumible devaluación de las acciones».
