Los dirigentes de las principales organizaciones agrarias valencianas, AVA-Asaja y la Unió de Llauradors, Cristóbal Aguado y Ramón Mampel, respectivamente, consideran que el anteproyecto de Ley de Estructuras Agrarias „presentado ayer por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera del ramo, Elena Cebrián„ consideran que representa «un paso más para cubrir la necesidades del sector», si bien coinciden al señalar que la administración autonómica debe garantizar recursos propios y consecguir transferencias del Gobierno central y de la Unión Europea (UE) para cofinanciar los planes de modernización y reestructuración requeridos por el campo.
Esta ley contemplará el impulso de la Iniciativa de Gestión en Común (IGC) como agente de innovación, la construcción de una Red de Tierras como alternativa al suelo infrautilizado y la creación de un Mapa Agronómico para la gestión sostenible. Además, también incluye exenciones del Impuesto de Donaciones y Sucesiones y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, la regulación de los procedimientos de reestructuración parcelaria pública y privada y la creación de la figura del Agente Dinamizador.
El President de la Generalitat ha destacado que el Anteproyecto de Ley de Estructuras Agrarias en el que trabaja el Consell es una norma «justa y necesaria» cuyo objetivo es «orientar hacia el futuro» a un sector «básico y fundamental» no solo para la economía, sino también para el medio ambiente o el paisaje.
El jefe del Consell ha insistido en que el Anteproyecto de Ley de Estructuras Agrarias para la Comunitat Valenciana es una norma «participada». Este mismo punto de vista ha compartido la consellera Elena Cebrián, que ha asegurado que, con esta ley, «el Gobierno del Botànic cumple uno de los compromisos adquiridos en el Seminario de Invierno de celebrado en Torrevieja». Para Cebrián, la Ley de Estructuras Agrarias «será innovadora, porque propone nuevas formas de gestionar la tierra y el trabajo en las explotaciones, con nuevas medidas, incentivos y gobernanza; pero también es una ley que construye sobre nuestras fortalezas, sobre aquello que el sector ha sabido hacer bien a lo largo de las décadas: cuidar de la tierra y de las personas que la trabajan».
En busca de consenso
El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores y el de la Unió de Llauradors afirman que la nueva ley agraria presentada por el Consell «se queda corta en las necesidades del campo valenciano y es manifiestamente mejorable». Además insisten en que requiere «consenso» de todos los grupos políticos y de la sociedad valenciana en un sector que ha perdido 138.000 hectáreas de cultivos en dos décadas y donde la dimensión media es de 5,4 hectáreas, la menor de España. Ademas, sólo un 9 % de los agricultores obtienen ingresos exclusivamente del campo.
Aguado aseguró que la agricultura convencional, ya que la ecológica recibirá 80 millones de euros, debe contar también con unas «ayudas equivalentes», lo que supondría aportar 800 millones al conjunto de cultivos que represetan el 90 % de la producción de las explotaciones ubicadas en la Comunitat Valenciana.
