La Comunitat Valenciana se ha convertido en territorio vedado para Uber, la compañía estadounidense que pone en contacto a conductores y viajeros a través de una aplicación móvil. La firma hoy solo está operando en Madrid y se encuentra en estos momentos a la espera del veredicto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que dictaminará si se trata de una plataforma de la economía colaborativa, como defiende Uber, o si su actividad es la propia de una empresa de transporte que compite con el taxi, con las mayores exigencias legales que eso supondría.
Después de que un juez obligase a cerrar en 2014 la aplicación Uberpop, desde marzo de este año vuelven a operar bajo un nuevo formato que requiere licencia de transporte (UnberX). Es un cambio sustancial ya que ahora no cualquiera puede prestar sus servicios como conductor, que era el planteamiento revolucionario que rebeló al sector del taxi y motivó la demanda que ahora se debate en el TJUE.
En estos momentos solo pueden prestar servicio de conductor los que posean una licencia de coche con conductor (VTC). Esa es la licencia que utilizan las empresas de transporte privado con conductor que, por ejemplo, operan en los aeropuertos.
Estos permisos VTC, sin embargo, son limitadísimos. Los conceden las autonomías y en el caso de la C. Valenciana la Generalitat solo ha concedido un centenar, aproximadamente. Esta posición proteccionista se aplica en virtud de la normativa estatal que permite a las comunidades autónomas denegar las peticiones de licencias cuando la relación con el taxi exceda una ratio 1/30. Y en la C. Valenciana hay unos tres mil taxis.
Así las cosas, en Valencia apenas un centenar de conductores serían potenciales usuarios de esta aplicación. Solo en Madrid, con un parque de taxis enorme, existen licencias VTC suficientes (1.500) como para que Uber ofrezca un servicio que promete la llegada de un conductor en cinco minutos.
En este contexto, la CNMC ha llevado a los tribunales la regulación del Ministerio de Fomento que restringe el uso de estas licencias. Además de fijar ese límite 1/30, la ley impone la obligación de la contratación previa de estos vehículos y la prohibición de competir en la vía pública con el taxi. «El efecto de todas estas restricciones es restringir la competencia en el transporte urbano de pasajeros y blindar el régimen de monopolio existente en la prestación de servicios de taxi», defiende la CNMC.
En todo caso, lo que ahora se decide en el tribunal de la UE no va a condicionar especialmente la operativa de Uber en España, donde ya ha dado el paso de pasar a trabajar con licencias.
