El gremio español de taxistas, representados a través de Fedetaxi, asistió ayer a la vista en Luxemburgo del juicio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para determinar si la compañía estadounidense Uber es una empresa de transporte o una plataforma colaborativa.

«Estamos asistiendo a la vista porque es un tema que afecta fundamentalmente a los taxistas de España», declaró el responsable jurídico de Fedetaxi, Emilio Domínguez. Los taxistas valencianos también seguían ayer con atención la vista ante la Justicia.

El presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal y el vicepresidente de la asociación gremial, Ángel Julio Mejia, también forman parte de la delegación que hoy mantendrá reuniones con la consejera de Transporte de España ante la UE, Aurora García Sandoval, y con miembros del gabinete de la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc.

Se reunirán también con europarlamentarios españoles de PP, PSOE, Podemos y PNV, entre otros, agregó Fedetaxi en un comunicado.

El viaje servirá además para sentar las bases para una futura asociación europea de taxistas, con embrión en los gremios español (Fedetaxi), portugués (ANTRAL) e italiano (URI), constituida como «asociación internacional para operar ante las instituciones europeas».

La Comisión Europea calcula que los ingresos brutos procedentes de la economía colaborativa formada por empresas como Uber, Airbnb o Blablacaras ascendieron a 28.000 millones de euros el año pasado. El incremento imparable de estas nuevas plataformas, muy generalizadas en la Comunitat Valenciana como Airnbn ha levantado ampollas entre los sectores tradicionales que en algunos casos han acabado incluso en los tribunales, como es el caso de Uber aunque también hay mucho malestar en el secto hotelero.

Bruselas quiere organizar sin tener que desarrollar una nueva normativa específica y para ello elaboró un informe que sirva de guía tanto a las empresas como a los estados, a quienes insta a elaborar nuevas leyes en el caso de que la legislación nacional no cumpla con los requisitos europeos. La clave está en el pago de impuestos y en las licencias de apertura o funcionamiento.