La reunión de la junta directiva de la patronal Cierval ha presentado un preconcurso de acreedores. La decisión ha sido adoptada por unanimidad de los responables de este órgano de gobierno. Cierval, que tendrá cuatro meses para renegociar la deuda y poner en marcha un plan de viabilildad, debe abonar a la Generalitat cerca de 600.000 euros por requerimientos de cursos de formación mal ejecutados, en su mayoría procedentes de la provincial castellonense CEC.

LaEl presidente de Cierval, José Vicente González, lleva toda la semana negociando con la conselleria de Hacienda una fórmula para sortear la negativa del Consell a un nuevo aplazamiento de dicha deuda. Pero los dirigentes empresariales valencianos entienden que cualquier solución sería temporal, porque en el horizonte esperan nuevos requerimientos y sigue la losa de la instrucción judicial a la CEC por los cursos, en la que está investigada Cierval. La autonómica solo recibe los ingresos por cuotas de la CEV y no puede hacer frente a las millonarias deudas ya detectadas. Además, los representantes alicantinos dinamitaron el pasado lunes el acuerdo suscrito en noviembre para una reforma de los estatutos que daba entrada directa a las federaciones sectoriales y las empresas en la Cierval, en detrimento de las provinciales, como modo de garantizar su solvencia financiera en el futuro. De ahí que se desconvocara la asamblea extraordinaria del día 20.

En un comunicado, la provincial de Valencia lo expresó de forma clara al afirmar que sus órganos de gobierno habían constatado «la manifiesta imposibilidad de alcanzar un acuerdo para modernizar la estructura organizativa empresarial, reformar Cierval y dotarla de solvencia y viabilidad económica desde la independencia». Es, como dice la nota, la fórmula que ha seguido la CEV desde la llegada a la presidencia de Salvador Navarro, que ha permitido a la provincial estar saneada y depender cada vez menos del dinero público en sus presupuestos.

Así las cosas, «los órganos de gobierno de la CEV han acordado ajustarse a las recomendaciones de los expertos externos y adoptar, con diligencia y formalidad, las medidas necesarias que salvaguarden la responsabilidad de los miembros de los órganos de gobierno de la CEV en Cierval así como la integridad, prestigio y reputación de la propia CEV». La provincial dispone del 41 % de los votos en la autonómica y sus representantes defenderán hoy el preconcurso en la reunión de la junta directiva de Cierval. «Da igual que Alicante y Castelló cedan ahora en los estatutos», aseguró uno de los dirigentes consultados.

Además del hartazgo ante las trabas y problemas planteados por Alicante y Castelló y la convicción de que no hay otra salida que poner a Cierval en manos de los jueces para tratar de enjugar las deudas mediante una quita acordada con los acreedores en el concurso, los dirigentes empresariales valencianos buscan con esa medida resguardarse de posibles responsabilidades civiles o penales y, por eso, quieren recurrir a la suspensión de pagos antes de que finalice el plazo de pago de la deuda para evitar hacerlo cuando la organización esté en quiebra técnica.

Defensor de la opción de negociar para ganar tiempo y de una reforma estatutaria que ni siquiera convencía a sus correligionarios de Valencia, queda ahora en el aire cuál será el futuro de González, también presidente de Feria Valencia y vicepresidente de CEOE. Es decir, si pilotará los cuatro meses de concurso que se esperan o dejará el cargo.