La Generalitat ha conseguido levantar el veto que el Gobierno de España había impuesto a la voluntad del Consell de sumar a la Policía autonómica a la lucha contra la economía sumergida. La directora general de Trabajo, Cristina Moreno, arrancó ayer el compromiso al director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, José Ignacio Sacristán, para firmar un convenio entre ambas administraciones y añadir una adenda que regule las competencias en materia de inspección de la Policía autonómica.
El asunto viene de lejos. Desde el cambio de gobierno, la Generalitat ha pretendido que los agentes a su cargo puedan realizar visitas con el fin de multiplicar las acciones de detección de economía sumergida, aunque asumiendo que no pueden tener competencia a la hora de calificar delitos y fijar sanciones.
Hasta ahora, los agentes solo pueden ir de la mano de los inspectores y ni siquiera pueden levantar acta administrativa. Y el número de inspectores no da como para extender las redes en todos los focos de economía sumergida que habitan en la autonomía. En estos momentos, el cuerpo de inspectores del Estado, que dependen funcionalmente de la Generalitat, está formado por 154 personas: 27 jefes de área, 43 inspectores y 84 subinspectores para controlar la situación y las condiciones laborales de casi dos millones de trabajadores.
Con el futuro marco legal, la Conselleria de Economía podrá sumar a los 500 agentes de la Policía autonómico a las labores de rastreo de polígonos, campo y talleres en busca de economía sumergida.
Un 25% de economía sumergida
Obviamente, no existen estadísticas oficiales del mercado negro en la Comunitat Valenciana, pero un estudio de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), dirigido por el profesor Jordi Sardà, de la Universitat Rovira i Virgili, desveló que Alicante era la provincia de la C. Valenciana con mayor economía sumergida fiscal sobre su Producto Interior Bruto (PIB) con un porcentaje del 25,9%, por encima de Castelló (25,3%) y Valencia (24,1%). La media estatal se encuentra en el 24,6%.
El veto gubernamental que la directora general de Trabajo consiguió levantar ayer pone fin a muchos meses de bloqueo que, bajo el pretexto de la interinidad en el Gobierno, se había mantenido desde Madrid.
El presidente Puig anunció antes del verano en las Corts el objetivo de sumar a los agentes al servicio de la Generalitat a la lucha contra esta lacra. En ese momento, Cristina Moreno ya llevaba meses tratando de sacar adelante el nuevo convenio que fija las relaciones entre Estado y comunidad en esta materia, y que es necesario renovar tras 16 años de vigencia del anterior debido a varios cambios legales. Al no tener las competencias transferidas como Cataluña o País Vasco, en el caso valenciano la Administración central legisla y gestiona la Inspección de Trabajo mientras la autonómica ejerce las labores sancionadoras y orienta el trabajo de la Inspección.
El ministerio hará una propuesta
Ayer, finalmente, la Inspección cesó en su negativa de dar nuevas atribuciones a la Policía autonómica valenciana. A partir de ahora, el ministerio planteará a la Generalitat un borrador de adenda a ese convenio de colaboración entre la Inspección y la Comunitat. Habrá que ver hasta donde llegan las atribuciones.
Desde la conselleria se asume que es el inspector el que califica la sanción y el que está preparado para ello, pero el objetivo es poder desplegar a todos los agentes para detectar focos y aflorar la economía sumergida que prolifera en la Comunitat Valenciana.
