La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación sobre las irregularidades en Feria Valencia porque el despilfarro no es delito. De existir alguna responsabilidad por los sobrecostes en la ampliación del recinto ferial o los gastos en viajes, dietas y regalos sería administrativa, pero no penal, viene a decir el Ministerio Público en el decreto de archivo que pone fin a dos años de diligencias de investigación penal que no han llegado a materializarse en una denuncia ante un juzgado de instrucción.

El archivo de las pesquisas penales no significa eliminar las irregularidades detectadas por la Intervención de la Generalitat en el informe de 2014 sobre la gestión de Feria Valencia. Las obras de ampliación del recinto ferial tuvieron un sobrecoste del 86,7% al pasar de ??? a ??? millones de euros. A esta última cantidad habría que añadir 440 millones de gastos financieros que suman?.??? millones que afronta la avalista de Feria Valencia que es la Generalitat. La Fiscalía Anticorrupción tampoco considera delito los gastos en publicidad , propaganda, relaciones públicas y viajes que sumaban 142 millones de euros en 11 años; o las dietas, gastos e indemnizaciones al comité ejecutivo que alcanzaron los 1,8 millones de euros entre 2004 y 2012, porque la investigación realizada por el Ministerio Público y los agentes de la Unidad de Delincuencia y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Madrid han podido acreditar que algún responsable de Feria Valencia se beneficiara o lucrara, de forma ilícita, de estos gastos.

Aunque la Fiscalía Anticorrupción, cuya decisión de archivo adelantó ayer Las Provincias, sí que advierte a la Generalitat que debería modificar el convenio para financiar el plan de modernización de las instalaciones de Feria Valencia, suscrito en 2002, y que supone una inyección anual de 25 millones de euros para el recinto ferial. Una inversión que plantea dudas sobre su rentabilidad, como ya evidenciaba la Intervención de la Generalitat, por lo que incluso cabría replantearse la continuidad de Feria Valencia, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de la decisión. En cualquier caso, ahora debería ser la Generalitat, como avalista y financiadora, la que reclamara a los responsables de Feria Valencia el dinero gastado por los anteriores gestores: el expresidente de la institución Alberto Català y la exdirectora general y exconsellera Belén Juste.

Al conocer el archivo de las diligencias penales, la portavoz adjunta del PP en las Corts, Eva Ortiz, defendió que «es un buen momento para que el portavoz socialista, Manuel Mata, ejecute su decisión de dimitir anunciada hace tres meses». En un comunicado, Ortiz recordó que Mata calificó la citada investigación como «el caso mayúsculo de corrupción del PP». Por ello, Ortiz considera que Mata «debería, en primer lugar, rectificar y emitir una disculpa por sus acusaciones gratuitas hacia el PP y, acto seguido, reflexionar sobre si no ha llegado el momento de hacer realidad sus deseos de abandonar la portavocía y su escaño en las Corts». A juicio de la portavoz popular, «la Fiscalía ha dejado en evidencia las formas del portavoz socialista en política: atribuir delitos sin pruebas a sus adversarios políticos para generar ruido y confundir a la opinión pública, porque se ve incapaz de defender la indefendible gestión del Consell y el trabajo de sus compañeros».

Este periódico se puso ayer en contacto con Belén Juste, exdirectora general de la feria; y el expresidente, Alberto Catalá, no quisieron entrar a valorar el archivo de la investigación de la fiscalía. Tampoc la actual dirección de Feria Valencia.