El Tribunal Constitucional acaba de reforzar la posición del Gobierno central en el debate ya crónico sobre comercio que mantiene con varias autonomías, entre ellas la valenciana. El tribunal ha tumbado un recurso de Asturias por invasión de competencias en la regulación de los horarios comerciales.
Concretamente, impugnaba varios artículos de la ley estatal por los que se obliga a las grandes ciudades a declarar al menos una zona de gran afluencia turística (ZGAT). Se trata de las áreas donde el comercio goza de libertad para abrir todo el año, incluido domingos y festivos.
El fallo, fechado el pasado 16 de noviembre, entiende que «el Estado puede establecer medidas básicas en cuanto lo requiera la adecuada ordenación de la actividad económica». Unas medidas entre las que se incluiría esta obligatoriedad de declarar zonas ZGAT.
La liberalización, que llegó a Valencia en 2013, ha generado un conflicto de primer orden entre las grandes empresas contra el pequeño comercio y sindicatos, que pretenden limitar las aperturas para la conciliación de los trabajadores.
Tras el cambio en la Generalitat, la supresión de la libertad horaria ha sido el gran objetivo de la Conselleria de Economía, de Compromís. Fue esa obligatoriedad de crear al menos una zona de gran afluencia turística impuesta por el Gobierno en 2012, la que llevó al Ayuntamiento de Valencia a declarar áreas de libertad horaria. Su mala planificación y el galimatías jurídico y competencial han convertido este debate en un despropósito político.
Los actuales dirigentes de Economía se revolvieron desde el primer día contra lo que entienden como una «injerencia» del Gobierno de España, al obligar a regular sobre una materia en la que la autonomía es competente.
El recelo entre administraciones ha sido mutuo. El Gobierno de Rajoy también amenazó con recurrir el decreto autonómico que establece los criterios por los que se fijan esas ZGAT. Irónicamente, ese decreto lo redactó todavía el PP (Máximo Buch), y fue el equipo del actual director de Comercio, Natxo Costa, el que tuvo que negociar con Madrid para evitar un mal mayor: un recurso que habría llevado la libertad total a la autonomía.
En estos momentos, y ante el fiasco de los dos intentos durante 2016 para recortar la libertad horaria, Economía ha abierto varios frentes para tratar de resolver el problema de una forma definitiva. Uno de esos frentes, precisamente, pasa por cambiar la ley estatal. Asumiendo que el Estado es competente para regular sobre comercio, Economía pretende ahora aprovechar el cambio de correlación de fuerzas en el Congreso para cambiar la norma. Compromís ya ha presentado una proposición no de ley en este sentido: suprimir la obligatoriedad de que las grandes ciudades tengan al menos una zona de libertad horaria, dejándolo al criterio de los ayuntamientos. Entienden que con esta medida cortarían de raíz el problema y dejarían a las grandes empresas sin margen legal para litigar. Desde ese nuevo statu quo, podrían negociar con el gran comercio un escenario más equilibrado, o directamente volver al régimen anterior, con solo 10 festivos aperturables al año.
Economía confía en que la pérdida de la mayoría del PP permita a los partidos de izquierda, en alianza con los nacionalistas, imponer al Gobierno el cambio legal. Es un escenario optimista: el Parlamento ya ha aprobado mociones para derogar leyes, pero el Gobierno se resiste. Y está por ver qué posición toma el PSOE respecto al debate que quiere abrir Compromís.
En palabras de Natxo Costa, director general de Comercio, la posición contraria de Asturias, gobernada por el PSOE, es una buena noticia para sus intereses. Tal como señala, esta sentencia no choca con su hoja de ruta, sino que refuerza la estrategia de limitar las aperturas con un cambio en la ley española. Dicho de otro modo: si no puede evitar la «injerencia» del Estado, que al menos esa injerencia beneficie sus intereses.
