El movimiento realizado por Uber se basa en la expectativa de que en España se está incrementando el número de licencias VTC. Son unos permisos que conceden las autonomías y, en aplicación de una ley estatal proteccionista con el taxi, han dejado de expedirse. El Gobierno actual dictó una directriz para que se bloquearan nuevas licencias una vez se había superado la ratio de referencia de una licencia VTC por cada 30 taxis. Se calcula que en la C. Valenciana hay unas cien, cantidad insuficiente para que Uber ponga en marcha el servicio.

Sin embargo, esa proporción se estaría resquebrajando ya que, según afirma Carles Lloret, director de Uber para el Sur de Europa, «van prosperando los recursos judiciales interpuestos». De hecho, en Madrid están ya operativas 2.000 licencias VTC por las 16.000 expedidas para taxis. La proporción sería 1 VTC frente a 8 taxis; no 1 frente a 30.

En la C. Valenciana, como contó este diario el pasado febrero, seis empresas han recurrido ante la justicia por el bloqueo de 385 licencias VTC por parte de la administración autonómica. Puede que sean muchos más. Se trata de empresas cooperativas de transporte o de las que hacen servicios puerta a puerta entre los aeropuertos y los núcleos urbanos.