La nueva normativa que está preparando la Conselleria de Economía para decretar la obligatoriedad de que haya personal en las gasolineras corre el riesgo de nacer impugnada. No sólo las asociaciones que representan al nuevo modelo de negocio de gasolineras de bajo coste están en pie de guerra frente a un proyecto que obliga a que haya atención de personal 16 horas al día en todas las gasolineras urbanas.
Ahora son los discapacitados quienes también amenazan con recurrir esa norma por el flanco opuesto. El motivo no es otro que las excepciones que contempla la norma para que las gasolineras de zonas rurales y aisladas, básicamente cooperativas agrarias, puedan regirse por un régimen de teleasistencia. Esto es, que bajo determinadas circunstancias se les permitiría operar sin personal presente en la instalación siempre que un responsable pueda estar localizable y a menos de diez minutos.
«La teleasistencia no nos gusta. Ni siquiera en el entorno rural. Si eso sigue así lo recurriremos. Existen personas discapacitadas con lesiones medulares que no pueden bajar del coche», valora en declaraciones a Levante-EMV Carlos Laguna, vicepresidente de la confederación de personas con discapacidad Cocemfe-CV.
Paradójicamente, los dos sectores más antagónicos en este debate —las gasolineras automatizadas y los discapacitados— están haciendo la pinza al director general de Comercio, Natxo Costa. El alto cargo tiene el reto de regular en un campo donde choca un sector tradicional como las estaciones de servicios y un nuevo modelo de negocio basado en la tecnología —las gasolineras automatizadas— que amenaza su rentabilidad. Y en medio, los derechos de una minoría de necesidades particulares como los discapacitados.
Para complicar aún más el dilema, aparecen las estaciones de los entornos rurales, pertenecientes por lo general a cooperativas agrarias pero que también prestan servicios a núcleos que residen lejos de grandes urbes y a veces también de grandes vías de comunicación. Una normativa restrictiva en el sentido de tener que disponer de personal siempre que estén abiertas podría complicar su supervivencia, perjudicando de paso a la población de entornos aislados a las que abastecen. Y eso es algo que trata de evitar la conselleria con estas excepciones de «teleasistencia».
Con todo, los discapacitados pretenden hacer valer sus derechos. «Partimos de la base de que las estaciones tienen que estar atendidas. Es un problema, una situación compleja para el director general aunar los intereses de todo el mundo. No queremos perjudicar a las cooperativas del ámbito más rural, pero entendemos que por encima del mercantilismo está el derecho de las personas, en este caso con discapacidad. O también las mujeres mastectomizadas, o personas que no son necesariamente discapacitadas, como los mayores», añade Carlos Laguna.
De un modo u otro, Valencia ha entrado de lleno en un debate que todas las autonomías están regulando. Y en algunos casos, como Castilla y León, con la obligatoriedad de tener personal no solo de día, sino siempre que la gasolinera esté abierta. «No entendemos por qué la C. Valenciana tiene que ser diferente a diez comunidades que han legislado en que todas las gasolineras tengan atención siempre que estén abiertas», concluye.
Una sentencia tumba la obligación de tener personal
La amenaza de acudir a los tribunales que han esgrimido las asociaciones de gasolineras low cost ya tiene fundamento. El TSJ de las Islas Baleares acaba de tumbar el decreto de esa comunidad que obliga a que las estaciones tengan personal presente siempre que estén abiertas. La sentencia refuerza la posición de entidades como Avegas o Aesae, que se han opuesto durante la tramitación de esta norma a la obligatoriedad de que haya personal presente todo el día.
