La falta de un pronunciamiento municipal definitivo sobre la continuidad de la cantera que explota Lafarge en Sagunt más allá de diciembre de este año ha vuelto a generar tensiones en la ciudad.

Los trabajadores de la cementera exigieron ayer al alcalde, Quico Fernández (Compromís), que «cumpla» el «compromiso adquirido» con la plantilla cuando ésta desconvocó el reciente encierro «y convoque» el pleno para dar el visto bueno a que la conselleria renueve el permiso de ocupación de una cantera que la multinacional ve «fundamental» para mantener su factoría en la localidad.

Su petición la justifican en que el consistorio recibió recientemente la respuesta autonómica a unas alegaciones que había presentado. Sin embargo, el gobierno local reiteró ayer lo que ya había avanzado a Levante-EMV: Que, antes de llevar al pleno este asunto, sigue esperando que la Conselleria de Agricultura se pronuncie «sobre las ilegalidades que podría haber cometido Lafarge saltándose las concesiones que tenía en cuanto a perímetro y profundidad para realizar su actividad» pues cree que «sólo así podrá elevar un pronunciamiento plenario con plena viabilidad jurídica». Por ello, acordó en junta de gobierno pedir al Consell que «se manifieste sobre la legalidad de Lafarge» antes de valorar renovar la concesión.

La plantilla insiste, sin embargo, en que «se están poniendo en juego 500 puestos de trabajo» y asegura que «está dispuesta a promover acciones para hacer cumplir al alcalde sus compromisos», dicen además de dejar claro que si éste no convoca el pleno «demandaremos a todos los grupos municipales que lo soliciten» porque, según recuerdan, «toda la corporación votó por unanimidad el 17 de enero a favor de la renovación».

El PP local también acusó al cuatripartito de «pretender acorralar a Lafarge» y denunció «la burda estrategia de dilatar la adopción de acuerdo pues pone en peligro la continuidad de la empresa», decía además de opinar que «el procedimiento nunca ha estado suspendido», como mantenía la firma, en contra de la versión oficial de la conselleria y el consistorio.

La asociación vecinal de Bonilles-Romeu, que agrupa a propietarios de casas cercanas a la cantera, insistió en que el colectivo «va a denunciar cualquier irregularidad y también en caso de que se renueve la concesión saltándose alguna normativa vigente o acuerdo firmado», aseguraba tras tachar de «gravísimo» el expediente abierto por el consistorio a la cementera por estimar que ha extraído caliza sin permiso en monte protegido, pese a que la empresa lo niega. Es más, pedía que «se depuren responsabilidades políticas y posibles responsabilidades judiciales del anterior gobierno municipal» si «se hizo la vista gorda».

La complejidad del asunto es tal que el PCPV de Sagunt, donde militan los ediles de EU en el gobierno local, aclaró también su respaldo a la continuidad de la cantera y cuestionó el reciente acuerdo de su asamblea intercomarcal.