La Comisión de investigación sobre la crisis financiera que aprobada ayer por el pleno del Congreso analizará la venta de las entidades nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), para garantizar que el Estado y el contribuyente obtengan el máximo retorno tras su rescate.
Todos los grupos parlamentarios pactaron una enmienda transaccional para que esta comisión de investigación empiece a funcionar antes de 60 días a partir de hoy, día de su aprobación en pleno, y para que en el plazo de seis meses haya elaborado un informe sobre los orígenes de la crisis y sus consecuencias desde 2000 a 2015.
Sin embargo, según la enmienda pactada los trabajos de la Comisión podrían prorrogarse con el acuerdo de la Mesa de la Cámara y previa petición razonada de la comisión. Finalmente, el dictamen se elevaría al Pleno para su aprobación.
La Comisión analizará y evaluará qué medidas se pueden adoptar para garantizar la máxima transparencia en la gestión de las entidades de crédito que han recibido ayudas de Estado (como son Bankia y BMN) para obtener el máximo retorno al contribuyente y el uso eficiente de los recursos públicos.
Además, pretende detectar las posibles irregularidades en la protección del cliente de productos financieros, así como el cumplimiento de las garantías de transparencia para los usuarios y consumidores, lo que estará vinculado a la nueva ley hipotecaria que prevé aprobar el Ejecutivo.
De esta forma, la Comisión de investigación no sólo se centrará en el origen de la crisis, sino que abordará temas futuros como el análisis de los problemas, debilidades y retos futuros del sistema financiero.
La enmienda transaccional evaluará, tal como pedía el PSOE, los orígenes de la crisis financiera, la evolución del crédito y del endeudamiento privado y la regulación financiera, inmobiliaria y urbanística desde 2000. También, el efecto de la crisis internacional en España.
