El valenciano Juan Emilio Iranzo, exconsejero de Caja Madrid, ha sido condenado a cuatro meses de cárcel e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria durante el tiempo de la condena. El tribunal le ha aplicado la atenuante muy cualificada por haber ingresado las cantidades extraídas con las tarjetas en Bankia o en el FROB.

El economista valenciano utilizó la «tarjeta black» de Caja Madrid durante dos años y en ella cargó casi 47.000 euros en viajes, lencería o copas, entre otras compras.

Iranzó presentó su renuncia como vocal del Consejo Asesor de Sanidad a raíz de su implicación. Fue elegido en 2012 por la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, como uno de los treinta y cinco integrantes de un ente repleto de personalidades de máximo nivel, con Joan Rodés y Julio Sánchez Fierro como presidente y vicepresidente, respectivamente, a la cabeza.

El exconsejero del Consejo Económico y Social solicitó sin éxito en el juicio a través de su abogado la nulidad de la principal prueba inculpatoria, la hoja de cálculo excel aportada por Bankia con los gastos efectuados por los usuarios de las tarjetas opacas. Según su letrado, dicho documento, que en su caso destapó gastos de hasta 46.800 euros vulnera el derecho a la intimidad.

La Audiencia Nacional ha impuesto dos años para el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno y el exsecretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre, señalado por muchos acusados como el responsable de entregar las Visas y explicar las características de las mismas.

El exdirigente de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín ­(el que más dinero gastó con la tarjeta con 456.522 euros) ha sido condenado a cuatro años de prisión y el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (en prisión por el caso Marsans) cumplirá dos años.

Por otro lado, la Audiencia condena al expresidente de la Asamblea de Madrid y exconsejero de la caja Ramón Espinar a un año de cárcel. Impone ocho meses de prisión al exministro socialista Virgilio Zapatero, el cual fue el único de los 65 acusados que empleó el turno de última palabra para reivindicar su inocencia.

Una de las condenas más bajas recae sobre el empresario y expresidente de la CEIM Arturo Fernández, penado a medio año de prisión. Para los exconsejeros Francisco Baquero Noriega, Estanislao Rodríguez-Ponga Salamanca, Antonio Romero Lázaro, Francisco José Moure y Jorge Gómez Moreno impone la pena de tres años y dos meses.