La patronal alicantina Coepa, como las Cortes franquistas, se hizo el harakiri la semana pasada cuando se sumó al acuerdo para liquidar la autonómica Cierval. Probablemente, no tenía otra opción. El caso es que Coepa superó a finales del año pasado un concurso de acreedores gracias a que el juez aprobó una quita del 95% en sus deudas, la mayoría de ellas -a excepción del polémico centro de oficios- con Cierval. Su plan de viabilidad contempla unos ingresos anuales de alrededor de 120.000 euros a través de la Ley de Participación Institucional. Sin embargo, ese dinero tenía que llegarle a través de Cierval, que es la que todavía está reconocida como interlocutora de la administración. El caso es que Cierval va a la liquidación y la futura patronal autonómica no quiere ni oir hablar del dinero público. Así que Coepa, a la que ahora la Generalitat exige la devolución de casi dos millones por el citado centro de oficios, si logra eludir esa deuda, se quedará sin una fuente fundamental de ingresos. Coepa tiene un futuro muy incierto. J