La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha elevado dos décimas su previsión de crecimiento para la economía española en 2017, hasta el 2,5 %, lo que coincide con el pronóstico del Gobierno. Para 2018 augura un avance del PIB del 2,2 %, dos décimas por debajo del cálculo gubernamental.

En el informe "Estudios económicos de la OCDE: España 2017", el organismo explica que la demanda interna va a seguir liderando la recuperación ya que aportará 2,2 puntos porcentuales del crecimiento de este año.

"Está previsto que el consumo privado mantenga su firmeza gracias a la continua mejora del empleo, a medida que las reformas aplicadas en años anteriores continúen dando sus frutos", dice la OCDE, que eleva una décima el avance del consumo privado en 2017, hasta el 2,2 %, aunque recorta en tres décimas el crecimiento del consumo público, al 0,9 %.

Respecto al empleo, mantiene que crecerá un 2,4 % este año, aunque rebaja en dos décimas la tasa de desempleo, hasta el 17,5 %, mientras que en 2018 la creación de puestos de trabajo aumentará el 1,9 % y la tasa de paro disminuirá al 16,1 %.

El déficit público lo sitúa en el 3,4 % del PIB al cierre de 2017, lo que supondría un desvío de tres décimas respecto al objetivo comprometido con Bruselas, en tanto que para la deuda púbica augura un repunte de tres décimas, hasta el 99,6 % del PIB.

Tampoco cree que se cumpla el objetivo de déficit del 2,2 % para 2018, ya que prevé que se reduzca al 2,8 %.

La OCDE explica que el mantenimiento de unas condiciones financieras favorables propiciará un mayor repunte de la inversión empresarial y en vivienda en estos dos años, en tanto que el aumento de las exportaciones se moderará por la debilidad en los mercados de exportación y un "anémico" comercio mundial.

La inflación también aumentará, pero cree que las presiones serán moderadas debido a la persistencia de un alto desempleo, con lo que prevé una tasa media del 1,9 % para este año y del 1,8 % para el próximo.

Las cicatrices de la crisis

"La crisis ha dejado cicatrices que menoscaban el bienestar, siendo las más visibles unos niveles todavía muy elevados de desempleo, pobreza y desigualdad", dice la organización.

En este sentido, avisa de que la elevada proporción de desempleados de larga duración y la falta de empleo de calidad dificulta un crecimiento más inclusivo que permita un aumento del nivel de vida de toda la ciudadanía.

"La calidad del empleo, que se ha deteriorado como resultado de la crisis, debe mejorar para conseguir un crecimiento más inclusivo", aconseja el organismo.

Según el informe, los bajos niveles de productividad de la economía española reflejan la falta de formación de la población, la excesiva dependencia de los trabajadores temporales, la insuficiente innovación empresarial y las barreras existentes para crear y hacer crecer una empresa.

Por ello, la OCDE reclama a España que refuerce la formación y la asistencia en la búsqueda de empleo y que mejore la protección social con un mayor apoyo en materia de ingresos mínimos, en especial para las familias pobres con niños.

Reformas pendientes

Entre las reformas pendientes señala que hay que liberalizar el sector de los servicios profesionales -una reforma prevista por el Gobierno pero paralizada-, avanzar en la aplicación de la ley de unidad de mercado para poner coto a la fragmentación regulatoria y seguir fomentando el convenio colectivo de empresa sobre el sectorial.

Además, reclama una justicia civil eficiente, procedimientos concursales ágiles y que se revise el régimen de insolvencia personal para acortar el periodo durante el cual los empresarios en quiebra están obligados a devolver las deudas pasadas.

También apuesta por mejorar el acceso a las bonificaciones fiscales a la investigación y el desarrollo (I+D), un sistema que encuentra "generoso" en comparación con el contexto internacional pero complejo por los requisitos administrativos que conlleva, al tiempo de que incide en la elevada fuga de investigadores cualificados.

En el plano educativo, sugiere mejorar la formación universitaria y en el puesto de trabajo del profesorado, así como continuar con la modernización de la formación profesional para que las competencias enseñadas se correspondan con las habilidades que demanda el mundo empresarial.

Subida de impuestos

Por otro lado, la OCDE considera "infrautilizados" impuestos como el IVA y el IBI, así como aquellos relacionados con el medio ambiente, mientras que propone una nueva reducción de la indemnización por despido de los trabajadores indefinidos para aliviar la dualidad del mercado laboral español.

A su juicio, la estructura impositiva "sigue estando orientada hacia los ingresos laborales, lo cual penaliza el crecimiento y el empleo", mientras otros impuestos con un efecto menos distorsionador, como los impuestos recurrentes sobre los bienes immuebles residenciales, el IVA e impuestos relacionados con el medio ambiente "están un tanto infrautilizados".

Asimismo, la existencia de unas bases fiscales reducidas, en particular en el caso del IVA y del impuesto sobre sociedades, genera distorsiones y complejidad al tiempo que reduce los ingresos.

En este sentido, la OCDE plantea la importancia de acometer una reforma tributaria de mayor alcance en España para mejorar su estructura impositiva, que brindara carácter indefinido al recorte de contribuciones sociales de las empresas en la contratación de nuevos empleados indefinidos, aunque recomienda restringir la medida a los trabajadores menos cualificados, donde hay mayor necesidad de estimular la contratación.

En cuanto al IVA, la organización advierte de que las exenciones y los tipos reducidos "menoscaban de manera significativa los ingresos" y constituyen el principal factor de la escasa eficiencia de la recaudación por este impuesto en España.

Deducción por vivienda

Por otro lado, la OCDE critica la existencia de beneficios fiscales en el IRPF "especialmente regresivos", incluyendo la deducción por inversión en vivienda habitual y las reducciones en las contribuciones a los planes de pensiones personales.

En este sentido, la organización recuerda que en 2015 se limitaron las reducciones en las contribuciones a planes de pensiones personales, mientras la eliminación del crédito fiscal por invertir en vivienda habitual cuenta con un régimen transitorio que sigue beneficiando a aquellos que adquirieron su vivienda antes de 2013.

"Se prevé que esta bonificación cueste 1.200 millones de euros en 2016 y tiende a beneficiar a los hogares con rentas más elevadas", añade la OCDE, subrayando que la eliminación de beneficios fiscales ofrece una oportunidad para mejorar la equidad y la eficiencia del sistema tributario.Impuestos verdes

En cuanto a los impuestos relacionados con el medio ambiente, la OCDE considera que España cuenta con "un margen de actuación considerable", ya que la proporción de ingresos por este tipo de tasas en relación con el PIB son bajos en comparación con el resto de países de la organización.

En este sentido, el informe señala que España cuenta con margen para elevar los impuestos sobre los combustibles para el transporte por carretera, que actualmente se encuentran por debajo del promedio de la OCDE, particularmente en el caso del diesel.

"El Gobierno debería incrementar la tributación del litro de diésel hasta niveles cuando menos equivalentes a los del litro de gasolina, y debería elevar aún más el precio del diésel si las diferencias en los costes de contaminación local no están reflejadas en el precio de los combustibles", sugiere.

Abaratar el despido

Por otro lado, la OCDE pide a España medidas adicionales que permitan reducir la dualidad del mercado laboral y mejorar la calidad del empleo, para lo que recomienda avanzar hacia la convergencia entre los costes de despido de los trabajadores indefinidos y los temporales.

"Los costes del despido de un trabajador indefinido siguen siendo significativamente más altos que los de un trabajador temporal", señala la OCDE, que en los últimos años viene recomendando que "con una mayor convergencia en los costes de despido de los contratos indefinidos y temporales, se podría reducir aún más la dualidad existente".

Por otro lado, el informe señala que la incertidumbre que rodea las decisiones tomadas por los tribunales laborales sigue siendo elevada y muchas empresas siguen optando por aceptar desde el inicio que el despido sea considerado improcedente aunque resulte más costoso.