La patronal autonómica Cierval inició ayer el último tramo de su camino una vez que el juzgado de lo Mercantil número 3 de València le comunicó el auto por el que declara concluso el concurso de acreedores voluntario en la modalidad de liquidación que presentó antes de Semana Santa y acordó la extinción de la organización empresarial. El fin de Cierval, pues, ha llegado antes de lo previsto. En la patronal presidida por José Vicente González, inviable por la deudas actuales y futuras de las provinciales de Castelló y Alicante, preveían un trecho relativamente largo de agonía que estaría capitaneado por el administrador concursal que nombrara el juez para liquidar la sociedad. Sin embargo, este último ha optado por la vía de urgencia y no ha designado a esa persona que debía conducir a su fin a la patronal por considerarlo «ocioso» y para no generar más gastos, como serían los emolumentos del propio administrador y el de los trabajadores que se quedaran para ayudarle en su labor.

En un comunicado hecho público ayer tarde, Cierval explicó que el juez justifica su decisión en «la insuficiencia de bienes para hacer frente a todo el pasivo de la entidad», ya que «más de la mitad de los activos» de la patronal autonómica son deudas de «difícil cobro, pues se refieren a cuotas de afiliados cuyo impago, arrastrado desde 2014 y 2015, incluso alguna desde 2010, es una de las causas que ha generado la insolvencia, en concreto por parte de dos de sus confederaciones provinciales que incluso se manifiestan incapaces de atender el pago de las cuotas de la propia confederación autonómica».

Sin ingresos futuros

Además, el juzgado deduce que «no es posible la obtención de nuevos ingresos dado que los ingresos por cuotas son inexistentes y resulta materialmente imposible la percepción de subvenciones al existir procedimientos de reintegro de subvenciones por la suma de 1.000.565,26 euros, que imposibilitan la percepción de nuevas subvenciones, principal fuente de sus ingresos». Estos reintegros a la Generalitat corresponden a convenios ejecutados por la Coepa alicantina y la CEC castellonense.

Las fuentes empresariales consultadas por este diario explicaron que, además de los gastos que generaría tener un administrador concursal, la decisión judicial es lógica en el sentido de que Cierval prácticamente carece de patrimonio con el que hacer frente a sus deudas. El edificio donde se ubica su sede pertenece a la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), que en marzo se transformó en autonómica para tomar el relevo de Cierval ante la inminencia de su desaparición.

En ausencia del administrador, será González, quien pretendía presentar su dimisión en el momento en que el juez designara al citado liquidador, el que tendrá que hacerse cargo, junto al resto de miembros de los órganos de gobierno de la entidad, de proceder a su extinción ordenada. Básicamente, son dos las grandes decisiones a tomar, según las mismas fuentes. Por un lado, despedir a la docena de personas que conforman su plantilla y que han vivido los últimos meses con total incertidumbre. Por otro, tratar de vender los muebles y demás enseres de los que es propietaria en el edificio de Hernán Cortés antes de retornárselo a la CEV. Con los magros ingresos que logre podrá abonar una parte de su deuda. El principal acreedor es la Generalitat.

La decisión judicial va a provocar que la CEV acelere el proceso para sustituir a Cierval en el seno de la patronal española CEOE. La organización que preside Salvador Navarro se hará cargo en el segundo semestre de este año de las diez vocalías que tenía Cierval, con el correspondiente coste económico. De esta forma, José Vicente González, que es vocal de la asamblea de la CEV, podrá continuar como vicepresidente de la CEOE hasta que, como ha dicho, finalice en diciembre de 2018 el mandato de Juan Rosell.