Los hoteleros valencianos han denunciado 3.000 apartamentos ilegales de Aibnb en Valencia ante la Administración para que tome medidas. El colectivo reclama que no se puedan alquilar viviendas particulares a turistas sin el consentimiento de las comunidades de vecinos y exige el incremento de los controles por seguridad. Ximo Sola, presidente de Unión Hotelera, advirtió ayer de que los apartamentos ilegales cometen fraude fiscal y «ponen el riesgo» la marca València.
Juan Carlos Sanjuán, dueño de la cadena valenciana Casual Hoteles, apuntó que le remitieron a Unión Hotelera los 3.000 apartamentos ilegales en Airbnb para que adoptara medidas. El colectivo ha comprobado tras un exhaustivo análisis que solo en València las plataformas Airbnb y Homeaway tienen al menos 4.604 plazas «correspondientes a viviendas que se ofertan en el mercado sin estar dadas de alta e inscritas en el registro de apartamentos turísticos de la Generalitat Valenciana y sin cumplir la normativa vigente».
España es el tercer mercado más importante para Airbnb con más de 57.000 propiedades en su oferta de alquileres. «Sorprendentemente, a día de hoy no es posible acudir a registros públicos o estadísticas oficiales que permitan cuantificar de modo objetivo la realidad de la oferta de viviendas de alquiler para uso turístico en la ciudad de València ni en el resto del territorio nacional», lamentan desde Unión Hotelera.
Ximo Sola precisó que cuando entras en la plataforma «hasta que no reservas con una tarjeta de crédito no te sale la dirección del apartamento. Además, hay viviendas que están en más de una plataforma por lo que el dato de las más de cuatro mil viviendas no es exacto». Juan Carlos Sanjuán insistió en que «son muchas más».
El responsable de Unión Hotelera subrayó que es preocupante este tipo de plataformas de alquileres ilegales que generan una bolsa de fraude fiscal y que no tienen un control sobre las personas que entran en los apartamentos. «La policía controla todas las noches a las personas que se alojan en los hoteles por razones de seguridad y sobre estos apartamentos no hay ningún tipo de vigilancia», indicó Sola.
El representante de los hoteleros alertó de los problemas de seguridad para los propios clientes. «Industria pasa unos controles muy rigurosos en los hoteles para garantizar la seguridad.¿Qué pasa si un usuario de un apartamento ilegal se electrocuta porque no funciona bien un aparato en el cuarto de baño?», se preguntó.
Por su parte, Juan Carlos Sanjuán destacó el problema de la precariedad laboral que rodea a los apartamentos ilegales porque «no hay ningún tipo de control». «Los inspectores de trabajo no pueden actuar porque los apartamentos no están dados de alta y no pueden encontrarlos», señaló Sanjuán.
Buena predisposición
Ximo Sola destacó que el Ayuntamiento de València «es receptivo y está por la labor de atajar un problema que afecta a todos. La clave es la colaboración entre la conselleria y el ayuntamiento». El presidente de Unión Hotelera defendió que es esencial una normativa municipal que no permita alquilar apartamentos turísticos sin la autorización de las comunidades de vecinos para que se garantice el derecho al descanso. Además, «la Administración tiene que controlar que pagan los impuestos».
Fidel Molina, cofundador de la cadena Myr hoteles, incidió en que la Administración debe actuar contra los propietarios de los apartamentos que no respetan la ley. «La legislación es muy clara y si una actividad es ilegal hay que multar a quien incumple», señaló.
