El inversor de Puerto Mediterráneo se sale de la puja de un centro en Alicante

El inversor británico Eurofund, que está detrás del proyecto comercial y de ocio de Paterna Puerto Mediterráneo, acaba de desmarcarse de la puja a la que se había sumado en las últimas fechas para hacerse con el mayor centro comercial urbano de Alicante, Panoramis, dentro del puerto de esa ciudad.

Este centro comercial está impulsado por la empresa Marina de Poniente, participada por el empresario alicantino Enrique Ortiz y en este momento en concurso de acreedores. La citada empresa adeuda más de un millón de euros al puerto alicantino, y otros tres millones a entidades financieras, principalmente el Sabadell, según publica El Confidencial.

Según ha sabido este diario, Eurofund, una de las patas junto con Intu de la joint venture que proyecta Puerto Mediterráneo, ha trasladado a la Autoridad Portuaria de Alicante que desiste de participar en la subasta de Panoramis. Eurofund había acudido invitado por los acreedores, con un proyecto potente para un centro comercial medio que, en realidad, no está dentro del modelo de macrocentros que gestiona este inversor.

Sin embargo, su entrada en el proceso ha desatado la polémica. El juzgado de lo mercantil número 1 de Alicante había aceptado la propuesta, fuera de plazo, de este potente inversor. Pero existen otras dos ofertas y estas han decidido recurrirlo. Se trata de Juan Carlos Ramírez Castro, persona de confianza de Ortiz; y del grupo hotelero de Alcoi, Vilaplana Pérez Hermanos.

En este contexto, Eurofund ha decidido retirarse del proyecto ante la expectativa de otro conflicto judicial que se alargue durante meses. No le compensa más desgaste legal. Precisamente, Eurofund, junto con el gigante de los centros comerciales en Reino Unido, Intu, se encuentra centrado en estos momentos en el desbloqueo de Puerto Mediterráneo.

El grupo inversor trabaja con el Ayuntamiento de Paterna con el objetivo de acoplar el proyecto a sus demandas: más pequeño y más sostenible, para vencer las reticencias ambientales que el pasado mes de septiembre hicieron que la Generalitat lo rechazara.