La situación política de ambos países, el hecho de que Italia no haya tenido que pedir un rescate y, probablemente, la capacidad negociadora de sus dirigentes explican por qué los inversores particulares propietarios de bonos subordinados del Monte dei Paschi di Siena se van a evitar el sofoco -y, en una parte de los casos, las pérdidas- que sufrieron los preferentistas y dueños de deuda subordinada de Bankia. El principio de acuerdo alcanzado por el Gobierno italiano con la Comisión Europea el pasado jueves para autorizar el rescate del banco transalpino con dinero público contempla que los bonistas -en su mayoría clientes particulares- del banco serán compensados de forma generalizada para evitar que pierdan patrimonio. Roma aprobó un decreto ley a finales de 2016 donde establecía que quienes hubieran comprado bonos antes del 1 de enero del año pasado recuperarían la inversión completa, porque el Ejecutivo italiano considera que se comercializaron de forma fraudulenta en las sucursales.
Por tanto, esos bonistas eludirán los malos ratos que tantos preferentistas de Bankia pasaron hasta que el arbitraje puesto en marcha por la entidad con sede en València o, en su caso, los tribunales, les permitieron recuperar su inversión al establecer que se les vendió ese producto de forma irregular.
El contexto explica en buena parte esa diferencia entre unos y otros. El Gobierno español tuvo que pedir en 2012 un rescate a Europa para salvar a varias entidades financieras, singularmente a Bankia con 22.400 millones de euros, y las condiciones que impuso la Comisión incluían que el coste de la operación recayera en primer lugar en accionistas, bonistas y preferentistas, a los que se aplicó una quita. El ruido que estos últimos montaron y la acción de la Justicia admitiendo que a muchos de ellos se les comercializó mal el producto obligó al Gobierno a establecer un mecanismo de compensación que tardó más de un año en ponerse en marcha. En el caso de Italia, su gobierno, que no ha tenido que pedir ayuda a sus socios de la UE, ha decidido que el rescate sea asumido por los contribuyentes en su conjunto, en lugar de cobrárselo a los pequeños inversores que son clientes del Monte.
Los factores políticos también han tenido una gran influencia. El Gobierno de Rajoy acababa de llegar al poder, tenía mayoría absoluta, casi cuatro años por delante de legislatura y aún no habían aparecido alternativas como Podemos. En Italia, un país con bajo crecimiento económico, muy endeudado y con un sector bancario con 360.000 millones de mora, como recordaba el catedrático de Análisis Económico, Joaquín Maudos, la inestabilidad es evidente, aunque en ese país no sea una sorpresa. Tiene en perspectiva nuevas elecciones en el plazo aproximado de un año y existe serio riesgo de un triunfo del Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo que asusta en Bruselas y las principales capitales. Hacer pagar a los numerosísimos pequeños inversores del Monte dei Paschi supondría un enorme problema para Europa, ante la perspectiva de estallido social que pusiera en peligro la estabilidad en el país.
La gran incógnita ahora es qué pasará con los preferentistas del Banco Popular, que tienen invertidos unos 750 millones de euros. Maudos ve inevitable una negociación política, principalmente porque las actuales normas europeas de supervisión impiden que se utilice el dinero público para el rescate bancario. De cara a cubrir pérdidas, los primeros perjudicados serán los accionistas. A continuación, los dueños de productos híbridos, luego los bonistas. Todo indica que no se echaría mano de los depósitos que superen los 100.000 euros, es decir los que no están garantizados por el Estado. En último extremo quedan los contribuyentes, siempre que no se logre la venta del banco.
