El juzgado creado en València para hacer frente a la avalancha de casos de abusos bancarios está bloqueado porque el Ministerio de Justicia no ha activado el sistema informático de notificación, según confirmaron ayer a Levante-EMV fuentes de la Ciudad de la Justicia. Los funcionarios registran los procedimientos, pero no pueden hacer nada más y se han visto obligados a cancelar las primeras citas. La magistrada tampoco puede trabajar. «No tiene nada que hacer porque no se pueden activar los asuntos», lamentaron las mismas fuentes.
El juzgado, que abrió con cinco días de retraso por la descoordinación de la Administración, ha recibido 210 demandas desde que empezó a funcionar el lunes. Sin embargo, carece de tres elementos esenciales para funcionar: un secretario judicial, una cuenta de consignaciones para realizar los abonos y el sistema informático de notificación con los procuradores (el programa Lexnet). Los tres dependen del Ministerio de Justicia, que no ha dado señales de vida. Las fuentes consultadas desconocen cuándo se va a desbloquear la situación. Este diario trató sin éxito de recabar la versión del Ministerio de Justicia.
Los juzgados valencianos especializados en cláusulas suelo nacieron el 1 de junio con mal pie ya que no pudieron abrir sus puertas hasta el día 5. El Síndic de Greuges, José Cholbi, activó el jueves una investigación de oficio para aclarar la falta de personal con la que se han puesto en marcha. Los órganos judiciales normales tienen ocho funcionarios, y el juzgado de cláusulas suelo de València ha nacido con cinco y el de Alicante con cuatro. Además, el juzgado de la provincia de Castelló no ha recibido de momento refuerzos.
Los jueces y los sindicatos coinciden en que la plantilla creada es insuficiente. Los nuevos juzgados van a asumir todo tipo de reclamaciones bancarias. En los últimos tres años, solo los juzgados de València han hecho frente a más de 20.000 demandas bancarias. El juzgado especializado de València recibió ayer 60 demandas, que se suman a las 150 que había registrado entre el lunes y el jueves.
Acumulación de asuntos
Los asuntos se van a acumular rápidamente en el juzgado especializado si el Ministerio de Justicia no toma medidas pronto para desbloquear la situación. Los bufetes especializados están recibiendo decenas reclamaciones. La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCE CV) recibe de media cada día a entre diez y quince afectados por las cláusulas suelo y sus servicios jurídicos trabajan en quinientas demandas en la Comunitat Valenciana (doscientas cincuenta de ellas en la provincia de València). La media de las reclamaciones, según los despachos de abogados, es de 8.000 euros.
A los jueces le han asegurado que en cuanto los juzgados especializados superen los novecientos asuntos dispondrán de otro magistrado y se doblará la plantilla, aunque la preocupación es creciente. Los magistrados llevan semanas alertando de la magnitud del problema porque solo las cláusulas suelo «afectan a miles de personas» y estos juzgados especializados asumen asuntos complejos de abusos bancarios como los gastos de las hipotecas o las cláusulas de vencimiento anticipado.
El Síndic de Greuges también investiga por qué el juzgado ha empezado a funcionar sin secretario judicial, «así como la precaria dotación de medios personales, materiales y de consignación» de estos órganos judiciales «para poder desempeñar sus funciones». El sistema informático Lexnet es esencial porque es la única vía que tiene el juzgado para comunicarse con las partes. «Sin el programa Lexnet del Ministerio de Justicia es imposible notificar al banco las demandas ni empezar el procedimiento. La consecuencia es que los funcionarios están con los brazos cruzados porque no pueden hacer nada», subrayaron las mismas fuentes de la Ciudad de la Justicia.
