El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, el mismo que instruyó la causa de las tarjetas black de Caja Madrid, ha pedido cinco años de cárcel para el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, cuatro para el exvicepresidente y exjefe del Consell de la Generalitat, José Luis Olivas, tres para el exconsejero ejecutivo José Manuel Fernández Norniella, y dos años y siete meses para el exconsejero delegado, el alcoyano Francisco Verdú, por un delito de fraude de inversores derivado «de su especial responsabilidad en que la salida a bolsa de Bankia se llevara a cabo sustrayendo a los inversores la información esencial acerca de la verdadera situación patrimonial de Bankia y su inviabilidad».

El fiscal les exonera del delito de falsedad en las cuentas de los ejercicios 2010 y 2011, al igual que al auditor, a 27 exconsejeros y, «sin perjuicio de la responsabilidad civil», a Bankia y su matriz BFA. Respecto a estas últimas destaca la «cultura ética empresarial» de los actuales gestores y el volumen de provisiones que la entidad tenía antes de debutar en los mercados en julio de 2011. Y es que Luzón sitúa la responsabilidad de Rato y los otros tres ejecutivos en la información que ofrecieron en el folleto informativo de la salida a Bolsa. El fiscal constata en su escrito de acusación que ocultaron un «riesgo cierto y real» a los inversores, el de «un negocio que iba a requerir de importantes ayudas económicas adicionales» para cubrir el enorme deterioro en su cartera inmobiliaria.El Ministerio Público califica de «espectacular quebranto» el hundimiento de Bankia -intervenida en mayo de 2012 con una inyección de 22.400 millones de dinero público- y recuerda que fue reconocido casi un año después de su salida a Bolsa por una situación que «los responsables de dicha salida se cuidaron de ocultar a los potenciales inversores para no frustrar la operación».

Anticorrupción admite que los acusados suscribieron un folleto en el que informaban «de manera exhaustiva de los factores de riesgo que conllevaba la oferta de los títulos de Bankia», llegando a identificar hasta 36, pero remarca que estas advertencias «estaban más pensadas para proteger al emisor ante eventuales futuras reclamaciones que al inversor, especialmente el minorista, incapaz de asumir semejante lista de riesgos».