El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón se muestra particularmente crítico con el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas en el escrito de acusación por el que pide cuatro años de prisión para él por su responsabilidad en el engaño que supuso para los inversores minoritarios la salida a Bolsa de Bankia. El fiscal exonera del delito de falsedad contable a todos los procesados en esta causa por el juez instructor, pero reclama penas de cárcel para los cuatro consejeros ejecutivos de la entidad cofundada por Bancaja y Caja Madrid por un delito de fraude a inversores. En suma, acusa a Olivas, Rodrigo Rato (presidente), el alcoyano Francisco Verdú (consejero delegado) y a José Manuel Fernández Norniella de ocultar que el banco era inviable y que precisaría enormes cantidades de ayudas, como así sucedió, para que el debut en el parqué fuera un éxito.

Luzón se detiene en la ejecutoria de cada uno de ellos, en especial la de Olivas, de quien afirma que «conocía perfectamente la crítica situación de BFA/Bankia a la fecha de la salida a Bolsa, bien distinta de la presentada a los inversores», porque, «como presidente del consejo de administración de Bancaja (entre 2004 y 2012) había autorizado operaciones entre 2008 y 2010 (justo antes de la unión con Caja Madrid) que se caracterizaban por su falta de racionalidad económica». Se trataba de «compras de suelo o de participaciones en sociedades cuyo activo eran suelos, básicamente rústicos o urbanizables, en los que no existían expectativas de un desarrollo urbanístico que permitiera recuperar la inversión a corto o medio plazo». Además, se habían «formalizado durante la última fase del ciclo inmobiliario, cuando este ya mostraba signos evidentes de haber entrado en una profunda crisis».

El fiscal añade que, a pesar de todo ello, «la valoración efectuada para fijar el precio a pagar se había basado en la hipótesis de un desarrollo urbanístico terminado, lo que suponía asegurar al vendedor un beneficio difícilmente realizable en perjuicio de los intereses de Bancaja y, por ende, de BFA (matriz de Bankia), que finalmente se haría cargo del importante quebranto». La argumentación del fiscal, que recuerda que «estos hechos son objeto de distintos procedimientos penales», supone desmontar la principal línea de defensa de Olivas, quien siempre ha afirmado que él no era un presidente ejecutivo en la caja de ahorros y que, por tanto, toda la responsabilidad del negocio recaía en los altos directivos.

Además de la acusación sobre Bancaja, Luzón también lanza sus dardos sobre la gestión de Olivas como presidente del Banco de Valencia (controlado por la caja) entre 2004 y 2011, cuando fue intervenido. En este caso, asegura que, bajo su «dirección», la entidad absorbida por CaixaBank «llevó a cabo un desmesurado incremento de su inversión crediticia, asumiendo unos riesgos que, básicamente, se concentraban en el segmento inmobiliario y que, en el tercer trimestre de 2011, llegaron a representar hasta un 37,1 % del patrimonio contable consolidado de la entidad, con una tasa de morosidad del 14,7 %». Este crecimiento en la concesión de créditos «fue posible por la financiación de operaciones de importe y de riesgo inherente elevados, lesivas para el patrimonio del Banco de Valencia y en beneficio de terceros, las cuales en numerosos casos eran compartidas con Bancaja» y que también están siendo investigadas por la Audiencia.