Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia amenaza con bloquear la rebaja de las tarifas de la ITV de hasta el 10% para los diésel que la Conselleria de Economía está a punto de culminar. El fallo de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ, firmado el pasado 30 de mayo, da la razón a la empresa concesionaria de uno de los lotes (Applus Iteuve, que da servicio en la Marina) y anula la rebaja de dos de las pruebas, la sonometría y la tarifa de contaminantes, que entró en vigor el 1 de abril de 2014, con el Gobierno de Fabra.
Concretamente, los jueces entienden que dichas rebajas no estaban justificadas con el necesario estudio económico-financiero. Hace algo más de tres años, la conselleria rebajó de 17,9 a 15,15 euros la prueba de contaminantes, un 15,3%, y de 9,29 a 2,48 euros la sonometría, un 73%, tal como recoge la sentencia adelantada por la Cadena Ser.
Desde la patronal Aecova que agrupa a las concesionarias de ITV se celebraba ayer un fallo que entienden como un «cambio de criterio» del TSJ. Las empresas concesionarias, señalan, llevaban acumuladas 17 sentencias en contra por las sucesivas rebajas decididas por la Generalitat desde 2010. Ese año el Consell dejó de aplicar la subida del IPC y congeló las tarifas. Esta es la primera sentencia que tienen a favor. Y van a recurrir al Supremo la congelación del IPC.
Las concesionarias entienden que el sentido de este fallo es ahora aplicable al conjunto de empresas que prestan el servicio de inspección técnica de vehículos en todo el territorio valenciano. Y reconocen que están elaborando una memoria de daño patrimonial que, teniendo en cuenta la rebaja de estas dos pruebas entre el 1 de abril de 2014 y el momento actual, podría ascender a 45 millones de euros, calculan. La sentencia del TSJ, aunque no contempla indemnizaciones, sí abre diferentes vías para reclamar.
Frente a esto, la Abogacía de la Generalitat está estudiando la sentencia para evaluar su alcance, según confirman desde la conselleria. Entre los escenarios que se abren, se contemplan el recurso al Supremo o al propio TSJ; o incluso la petición al tribunal de que unifique criterio, teniendo en cuenta que son muchas las sentencias que, hasta la fecha, siempre habían dado la razón a la Generalitat.
De un modo u otro, la conselleria tiene un mes para medir los pasos a dar. Posiblemente, en estas semanas quede paralizado el procedimiento abierto para imponer una nueva rebaja. Como adelantó este diario, la intención de la conselleria que dirige Rafa Climent es rebajar en hasta un 10% las tarifas hoy en vigor.
