Estamos en el ecuador de la legislatura. Dos años tratando de reducir la apertura del comercio en festivos. Sin éxito. ¿Esperanzado o frustrado?
Frustado, no. Somos más hábiles. Cuando entramos, iniciamos un proceso que nunca se había hecho: revertir un modelo que el PP creía que había dejado atado. La ley contempla la posibilidad de revertir las zonas de gran afluencia turística, pero no qué mecanismo usar para ello. Sabíamos que no sería fácil. No es una problemática valenciana ni española. En Alemania también está, en estos momentos. Allí la propia Iglesia está con los sindicatos en contra de las aperturas dominicales.
No me diga que le va a pedir al Arzobispo que se una a su causa.
Hay una encíclica al respecto de Juan Pablo II hace unos años. No soy católico y no se lo pediré al arzobispo pero sería coherente que sí que lo hiciera.
Lleva medio año buscando un consenso con el sector para en encontrar un acuerdo que cree un nuevo orden de aperturas en todo el territorio. Pero València y Alicante acaban de dar un volantazo y diseñarán su propia ordenación. ¿Qué escenario nos deja esto?
Si se llega a un acuerdo en el ámbito autonómico o local yo lo daré por bueno. Ahora Anged [la patronal de grandes superficies] ha pedido hacer una negociación separada en esas ciudades. Aceptamos para que lleguen a un pacto en el ámbito local. Y una de dos, o no hará falta que negociemos más para el resto de la autonomía, porque se puede quedar como ahora (10 festivos aperturables), y si no pues tendremos que volver a la mesa autonómica.
En su propuesta, ofrecía a las grandes superficies un máximo de 30 aperturas en València, es decir, rebajar a la mitad lo que ahora pueden abrir, a cambio de que en el resto del territorio hubiera más liberalización. ¿Qué cree que aspira a obtener Anged?
Estamos en una situación diferente. Anged quiere negociar en València, separada del área metropolitana. No sé qué quiere negociar: si una zona de gran afluencia turística, dos o toda la ciudad, que evidentemente pasará por que haya una reducción de festivos. Pero si lleguen a ese pacto en València, no sé por qué tengo que autorizar que se abra más días ni a cambio de qué.
O sea que esta nueva negociación «revienta» la posibilidad de un marco más armónico.
No, si me parece magnífico. Si solventan el conflicto de València y Alicante, sin tocar el resto del país, perfecto.
Ha dado la sensación de que con este giro en las negociaciones, el concejal de Comercio Carlos Galiana y las grandes superficies le han recusado como negociador.
Creo que hay una cierta confusión. Lo que quiere Carlos Galiana, el alcalde Ribó y nosotros es un escenario en que si pudiéremos, eliminaríamos las ZGAT y dejaríamos la apertura en el mínimo que marca la ley. A partir de ahí, un ayuntamiento ha de velar por su municipio y sus intereses no son los mismos que los nuestros. Hay soluciones que en clave local son mejores y en clave autonómica, peores, o a la inversa.
¿Qué planes tiene si no hay acuerdo?
Tenemos una propuesta de modificación legal en marcha, en que planteamos un cambio de la ley de horarios comercial de 2011. Pretendemos dejar claro cuál es el procedimiento para modificar las ZGAT. Queremos que cada 4 años haya por parte del ayuntamiento una revisión de que se cumplen los requisitos. Y también queremos que el ayuntamiento pueda instar a la modificación o anulación de la ZGAT.
¿Qué lectura hace de los datos del reciente informe que dice que el grueso de los turistas gastan solo en comida?
El gasto turístico viene a justificar nuestra postura. Se sostiene poco que el turismo obligue, incluso en València o Alicante, a que tenga que estar toda la distribución abierta porque no es cierto que la mayor afluencia de consumidores sean turistas. Son valencianos que optan por acudir en domingo porque están en su libertad individual de hacerlo si está abierto. No se acabaría el mundo si todo cerrara. No conozco a nadie que se haya muerto de hambre por no poder ir a comprar un domingo. El informe nos acaba de convencer de que, como mínimo, no vamos mal encaminados.
Pasemos a otro incendio. Algún sindicato le acusa de ser el «liberalizador» del sector de las gasolineras al impulsar una norma que ya permite a las estaciones operar sin personal. ¿Cómo ha llegado a tomar esa decisión?
Hay que cumplir la ley. Estamos ante un sector que hace años ya renunció a la atención en la pista. Existen las gasolineras en régimen de autoservicio. Es cierto que hay que garantizar derechos de discapacitados. Pero la tecnología permite hacerlo de formas diversas. Además, estamos en un proceso en que la UE ha abierto un expediente sancionador a España por normativas como la valenciana. Pueden pasar tres cosas: que la UE diga que las normas que obligan que haya personal son correctas. Si es así cambiaremos la norma en ese sentido. Pero hoy entendemos que no nos ajustamos a la norma. La UE dice que es contraria a la legislación la obligación de que haya un mínimo de personal. Ya hace años que existen cajeros automáticos, máquinas de venta, y gasolineras de autoservicio.
¿Y cree que su tercera vía, la «teleasistencia», pasará el filtro de Bruselas?
Hemos optado por intentar salvar esta situación con una solución intermedia. No podemos obligar a que haya personal pero sí a que haya una atención. Hemos planteado una medida: que se tenga que personar alguien en caso de necesidad en un mínimo de tiempo. Entendemos que esa limitación se ajusta al principio de proporcionalidad. Si la UE dice que es una vía correcta, vaticino que el resto de autonomías nos seguirán.
