El coste de los Esquemas de Protección de Activos (EPA) concedidos a los bancos para los procesos de absorción de las entidades financieras en la reestructuración del sector alcanza ya los 13.136 millones de euros, de los que 526 millones correspondonderían a la absorción del Banco de Valencia por Caixabank. Las cifras son aún provisional a la espera que terminen de ejecutarse estas garantías, algunas de las cuales tienen una duración de diez años.
Así lo confirma el Gobierno en una respuesta al diputado socialista Antonio Hurtado Zurera, en la que pregunta por la situación de esta clase de avales, articulados a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y sus previsiones de ejecución. El Ejecutivo señala que, en total, hay concedidas garantías de este tipo a entidades compradoras de cinco cajas -dos por parte del FROB y otras tres por el FGD- pero que las pérdidas que han supuesto no podrán conocerse con exactitud hasta la finalización del período de vigencia.
En el caso del FROB, se otorgaron garantías con dinero público en dos absorciones, la de Cajasur por parte de la BBK (hoy Kutxabank) y el Banco de Valencia por parte de Caixabank. En este caso, se otorgó una EPA en 2012 y posteriormente se modificaron sus condiciones en 2013 y 2016. El Banco de España, en su último informe, cifraba las pérdidas por este tipo de avales por parte del FROB en 526 millones de euros, aunque hasta la fecha, el FROB aún no ha desembolsado ningún fondo en relación a esta garantía.
En Cajasur las pérdidas ya están cuantificadas y suman 392 millones de euros, el máximo de la cobertura que el Estado daba.
