Nuevo capítulo en la guerra entre ingenieros industriales y arquitectos para realizar certificados sobre viviendas residenciales. A la pelea por la emisión de licencias de segunda ocupación, y los certificados energéticos de los edificios, se une recientemente la disputa para realizar los informes de revisión de los inmuebles de más de 50 años, la «ITV» de las viviendas.
La Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) de la Comunitat Valenciana acaba de emitir un informe en el que exige a la administración que deje de rechazar los informes de evaluación de edificios (IEE) elaborados por ingenieros industriales, reservando esa actividad solo a los arquitectos.
En concreto, el texto firmado por el presidente de la comisión, Francisco González Castilla, pide que se «favorezca la competencia efectiva entre profesionales con la capacidad técnica suficiente para realizar una actividad, y evite interpretaciones de la ley que conllevan reservas de actividad en favor de determinadas titulaciones».
Con este pronunciamiento, el organismo valenciano tercia en un debate que viene de lejos, y se pone de lado de los ingenieros, que están viendo cómo muchas administraciones locales les vetan y no aceptan sus IEE. Estos informes recogen el estado de conservación, las condiciones de accesibilidad y la certificación de eficiencia energética.
Denuncia del Colegio Oficial
En estos momentos, existe un nicho de negocio importante en la emisión de estos certificados. De aquí a junio de 2018 más de 85.000 viviendas antiguas en la C. Valenciana deben pasar esta «ITV», como ya publicó Levante-EMV.
El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, José Miguel Muñoz Veiga, emitió una queja ante las autoridades de Competencia después de que Santa Pola rechazase un informe de este tipo (IEE). Desde Competencia señalan que es una práctica generalizada en muchos ayuntamientos.
Según señala el órgano consultivo, en la LOE existe una reserva legal de actividad a favor de los profesionales de la arquitectura para la redacción de proyectos de edificación, dirección de obras y de ejecución de obras en edificios residenciales. No obstante, añade, «no existe una referencia directa ni una reserva legal a favor de estos profesionales en materia de inspección de edificaciones».
«El informe de evaluación de edificios no está regulado en la LOE y, por tanto, no se puede interpretar que en la misma exista una reserva de actividad en materia de IEE en favor de determinados profesionales», explica. El texto apunta además a la normativa específica que regula estos informes: «No se trata pues de actuaciones propias del proyecto edificatorio». La ley, dice, reclama un «técnico facultativo competente».
La ley autonómica no reserva
Y añade la Comisión que el texto legal «establece que también pueden suscribir estos IEE quienes hayan acreditado la cualificación necesaria, de acuerdo a su formación, experiencia y complejidad de la evaluación que se realice». Según Competencia, la ley autonómica tampoco estable una reserva de actividad para realizar estos informes, y se refiere expresamente al «facultativo competente».
Y concluye: «Dado que la regulación específica de los IEE no reserva a determinadas titulaciones la habilitación para suscribir los IEE, no corresponde a la administración establecer, por vía interpretativa, unas reservas de actividad en favor de determinadas titulaciones o limitaciones al ejercicio de otros profesionales que no recoge la propia legislación sectorial».
