Unos 19.000 camiones vendidos en la Comunitat Valenciana entre los años 1997 y 2011 están en disposición de reclamar una indemnización a los cinco fabricantes que han sido condenados por la Comisión Europea por formar parte de un cártel, es decir, por pactar los precios.
Hace justo un año, la Comisión hizo pública la multa contra las empresas MAN, Volvo/Renault, Daimler Mercedes, Iveco y DAF, responsables de la fabricación de nueve de cada diez camiones comercializados en Europa, por un importe global de 2.926 millones. Man se libraba de la condena por haber sido el denunciante de las prácticas anticompetitivas. Era la sanción más alta impuesta hasta la reciente recibida por Google.
Según la información que maneja el despacho valenciano Varona Abogados, que ha montado una plataforma para organizar al mayor número posible de afectados, la indemnización puede llegar al 20% del importe del precio de compra. Es decir, a en torno a 10.000-15.000 euros por cada cabeza tractora de estos vehículos de más de seis toneladas. Sería el precio que se considera que se ha pagado de más.
Son todo estimaciones, tanto del número de afectados como de las cantidades a reclamar. Se trata, en todo caso, de cifras importantes: en el caso extremo, serían 285 millones la cantidad que solo en la C. Valenciana empresas y autónomos habrían pagado de más.
Se trata de un proceso de reclamación complicado. La Comisión Europea fijó la multa y da a los afectados la posibilidad, pero no dice ni la cuantía ni la forma de calcular el sobreprecio. En este punto, el despacho Varona entiende que es «imprescindible realizar un informe pericial», y «debe ser individualizado para tener expectativas de éxito», señala. Para ello, cuentan con un equipo con ingenieros y economistas para determinar el sobrecoste de los vehículos.
El pasado 6 de abril, la Comisión formalizó la multa por dos aspectos: principalmente por fijar los precios de fábrica de los camiones, y segundo por transmitir la cliente los costes de las emisiones tecnológicas. Se obviaron avances ya existentes para reducir emisiones. Así las cosas, hasta el próximo 6 de abril de 2018, pasado un año de la resolución, se dispone de plazo para efectuar la reclamación extrajudicial. Con este fin, el mencionado despacho ha creado una plataforma (Stopalcartelcamiones) con el objetivo de sumar reclamaciones y ganar poder de negociación ante los fabricantes: «Buscamos un resarcimiento justo».
«El objetivo es intentar llegar a una solución extrajudicial donde en el menor tiempo posible se recupere ese dinero que el cártel ha cobrado de más a nuestros clientes», señala Ignacio Varona. De no ser así, la estrategia de este despacho pasa por emprender acciones judiciales individuales, no colectivas.
La magnitud de empresas y autónomos afectados en todo el país (unos 200.000) ha despertado el interés de muchos despachos por liderar estos procedimientos.
