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Negocio del juego

El Consell liberalizará el negocio de los casinos y las tragaperras que el PP blindó

La nueva ley del Juego suprime el límite para autorizar salas que copan tres empresas y que ingresaron 214 millones en 2016

El negocio del juego en la Comunitat Valenciana podría en breve dejar de ser coto cerrado de un puñado de empresas. El Consell tiene ultimado ya el anteproyecto de ley de la Generalitat del juego en la Comunitat Valenciana, un texto legal que busca liberalizar el sector que blindaron los anteriores Consells del PP y romper el monopolio que opera hasta ahora en ámbitos como los casinos o las máquinas tragaperras. La norma, que ayer salió a exposición pública, recoge novedades importantes como la supresión del límite de autorizaciones que se pueden conceder para abrir salas de casinos. Al mismo tiempo, se reduce a dos las salas apéndices frente a las siete permitidas en la actualidad al adjudicatario.

Esta modificación abre la puerta a que cualquier empresas interesadas en abrir un negocio de casino en la Comunitat Valenciana pueda solicitar la autorización a la Generalitat al margen de los negocios ya en marcha. En la actualidad, sólo opera una licencia para un casino en cada una de las tres provincias, la empresa Cirsa en València, Grupo Acrismatic en Alicante y Orenes Grupo en Castelló. Entre las tres y contando las máquinas que han instalado en el interior de sus salas generaron el pasado año un negocio de 214 millones de euros.

La actual ley autonómica establece que sólo es posible nuevas autorizaciones si el concesionario de la provincia tiene en funcionamiento la sala principal y las siete salas apéndice permitidas. Esta circunstancia (en València tras el cierre de Monte Picayo sólo hay un sala principal en funcionamiento ) cierra la posibilidad de negocio a otros interesados. Pasa lo mismo en Castelló, donde sólo hay una sala abierta y en Alicante, donde Grupo Acrismatic tiene en funcionamiento la principal y dos apéndices.

Similar situación de oligopolio se produce en en negocio de las máquinas recreativas que se instalan en los bares. Según fuentes conocedoras de cómo opera el sector, desde hace décadas no se conceden nuevas licencias, de tal manera que los operadores de máquinas tienen el negocio en exclusiva.

La Generalitat quiere reducir estas trabas (administrativas y económicas) y permitir que, llegado el caso, el propietario de un bar pueda obtener su propia licencia, eso sí, si cumple toda la normativa que seguirá siendo muy exigente.

El objetivo de la Generalitat, de nuevo, es romper el monopolio, pero con un acceso reglado. De hecho, otro compromiso es fomentar un política de juego responsable y establecer el régimen de derechos y obligaciones.

Entre las medidas novedosas, se propone aumentar la prohibición de acceso a las salas de juego, de tal manera que en estos locales deberá haber un registro de entrada y se solicitará un DNI para entrar en el recinto.

Según las fuentes consultadas, el departamentode Hacienda está valorando un incremento de la tributación que afecta a las máquinas de azar ya que la Comunitat Valenciana es una de las comunidades con menor tributación tras varias bajadas de impuestos por parte de los gobiernos del PP. Con todo, el objetivo de esta nueva ley , según las fuentes consultadas, no es recaudatorio, sino regulativo porque lo que busca es acabar con el reducto cerrado del negocio del juego.

En el primer tramo de tributación de los casinos se incrementa del 15 al 20 % mientras que las máquinas tragaperras abonaran 900 euros por trimestre en lugar de los 800 de la actualidad. Según el director general de Tributos, Eduardo Roca, la Comunitat Valenciana «tiene la tributación del juego más baja de España».

Todo el ámbito del juego on line y las nuevas formas de juego también tendrá una nueva regulación, al tiempo que también está previsto, según consta en la documetación hecha pública ayer por la Dirección General de Tributos, regular la homologación del material de juego y de los ensayos de los laboratorios autorizados.

Este anteproyecto de ley todavía tiene por delante un largo recorrido procedimental. Está en información pública y se abre así un periodo de alegaciones por parte de las asociaciones, personas y empresarios interesados.

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