El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal anunció ayer que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), la más antigua de las siete que operan en España y cuya actividad estaba parada desde diciembre de 2012, dejará de funcionar tras no renovar su autorización.
El ministro informó de que el Ejecutivo tomó esta decisión por el escaso impacto de la central en el sistema eléctrico español, ya que tenía una potencia de solo 400 megavatios y porque no existía certidumbre política ni económica para que pudieran amortizarse las inversiones necesarias, dada la oposición de la mayoría de grupos parlamentarios.
Garoña, ubicada en el valle de Tobalina, es la tercera central nuclear que se cierra en España, tras los cierres de las de Vandellós I (Tarragona) y Zorita (Guadalajara).
Nadal informó que la orden ministerial por la que se denegará la renovación de la autorización se firmará «inmediatamente» y su desmantelamiento se prolongará entre 13 y 16 años, pero su impacto será «nulo» en la seguridad del suministro y en el precio de la electricidad.
Según Nadal, la decisión se ha tomado «viendo el contexto de clara oposición política» y que la postura del Gobierno habría sido «diferente» si el este hubiese tenido mayoría parlamentaria.
Asimismo, el ministro resaltó que las empresas propietarias del grupo Nuclenor, Endesa e Iberdrola, decidieron cerrar la planta en 2012, un año antes de agotarse la autorización anterior, como reacción a la creación de una tasa nuclear.
En este sentido, Nadal recalcó que la tasa «se queda como está», y también dejó claro que el Gobierno seguirá apostando por la energía nuclear. Además, explicó que hay un plan social para garantizar la vida laboral de los 400 trabajadores de la central.
Según Endesa, Garoña acumuló en los cinco años de cierre pérdidas de 360 millones de euros, dato que no puede suponer en ningún caso «precedente o referencia alguna para la viabilidad técnica y económica del resto de las centrales».
Reacciones dispares
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, calificó de «magnífica noticia» el cierre de la central, ya que su partido lleva «muchos años exigiéndolo». Por su parte, las organizaciones ecologistas también celebraron el anuncio del cierre de Garoña, el cuál supone «abrir la puerta hacia el fin de la energía nuclear en España».
Sin embargo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, catalogó de «error histórico» la decisión y reclamó al presidente Mariano Rajoy un plan de reindustrialización para la zona.
