Desde Bruselas o desde Madrid, las autoridades tienen en el punto de mira la norma valenciana que regula las estaciones de servicio automatizadas, también conocidas como low cost (por su bajo precio) o fantasma (por operar sin personal). Mientras la Comisión Europea investiga la regulación de la Generalitat que obliga a las gasolineras a tener personal, por considerarlo una barrera de entrada al sector, ahora la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado también cuestiona «la necesidad y proporcionalidad del requisito de tener a una persona atendiendo la estación de servicio en horario diurno».
El posicionamiento del departamento que depende del Ministerio de Economía viene a cuenta del bloqueo del Ayuntamiento de Cheste a la implantación de una estación de servicio desatendida. La Alcaldía ha denegado la licencia ambiental, no por razones medioambientales, sino de protección de los consumidores, concretamente por esa obligación de contar con personal. Cabe recordar que la mayoría de gobiernos autonómicos están imponiendo la obligatoriedad de tener personal para garantizar el derecho a las personas discapacitadas a tener una atención personalizada.
En el caso de Cheste, más allá de la pirueta jurídica de introducir en un informe ambiental una cuestión que afecta a los derechos de los consumidores, el ministerio entiende que para limitar la entrada a una actividad tiene que haber una «razón imperiosa de interés general». Y en este caso, concluye que garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad no es suficiente.
«Numerosos países de nuestro entorno cuentan con una presencia importante de estaciones desatendidas, llegando a tasas de más del 50% en Suecia o Dinamarca, y sin embargo, no se ha identificado desprotección», argumenta la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado en un informe fechado el pasado junio 1 de junio.
Y propone al Consell: «Habrían de valorarse soluciones alternativas para la protección de los derechos de los consumidores con discapacidad física, centradas siempre en garantizar esa protección, pero menos distorsionantes de la actividad que la de requerir la presencia permanente en horario diurno de un empleado para atender a estos consumidores».
El sector de las gasolineras desatendidas se encuentra en plena efervescencia en la C. Valenciana. Se estima que hay en torno a un centenar; un sector formado por pequeños empresarios pero también por cadenas emergentes como Ballenoil, la valenciana Gasexpress o Petroprix que empiezan a dar un bocado al pastel. Y agrupados en una patronal, Aesae, que está consiguiendo avances en esta batalla legal.
En estos momentos, la Conselleria de Economía está tratando de encontrar una normativa de consenso entre los diferentes intereses del sector (tanto las estaciones de servicio tradicionales como la nueva generación de estaciones automáticas), colectivos de discapacitados y los sindicatos que quieren proteger el empleo. Y todo ello con la espada de Damocles de Bruselas, que estudia la norma en estos momentos y amenaza con sanciones.
La conselleria ha tenido que rectificar. A finales de 2015, modificó el Estatuto de los Consumidores para recoger que las gasolineras, «mientras permanezcan abiertas y en horario diurno, deberán disponer de una persona responsable». En abril pasado, una resolución establecía ese horario diurno entre las seis de la mañana y las diez de la noche, pero por un defecto de forma ha tenido que dejar sin efecto esa resolución.
En este punto, la conselleria esperará a que Bruselas se pronuncie definitivamente sobre si la norma vulnera o no la libre empresa para plantear una propuesta que cierre el debate. Mientras tanto, las gasolineras pueden operar sin personal, aunque casi ninguna lo hace.
