La patronal autonómica CEV es, formalmente, la más damnificada por los cambios en las ayudas derivadas de la Ley de Participación Institucional que ha anunciado la conselleria de Economía para 2018, pero ayer aseguró que la reducción de ingresos que padecerá «no afectará a la actividad ordinaria de la organización, ya que, en la práctica, en ninguno de los ejercicios» con la citada ley en vigor, es decir, desde 2015, «ha recurrido a más del 50 % de lo que le correspondía». Tal como adelantó ayer este diario, los 5,2 millones que se repartían la patronal (2,6) y los sindicatos mayoritarios UGT (1,3) y CC OO (1,3) quedarán reducidos a 2,4, que se repartirán los tres a razón de 800.000 euros cada uno. El resto del dinero, más una partida suplementaria, irá destinado por un lado a elevar de 380.000 euros a 2,25 millones las cantidades que se reparten todas las centrales en función de sus delegados y, por otro, a salud laboral. En este último caso, CEV, UGT y CC OO recibirán de forma directa 200.000 euros cada una y habrá otros 600.000 de libre concurrencia, es decir abiertos también a los sindicatos minoritarios, principales beneficiarios de la reforma.
La patronal aseguró ayer a este diario que esta reestructuración, que recorta sus ingresos en 1,6 millones, responde al compromiso de su presidente, Salvador Navarro, «de reducir el porcentaje de la aportación pública en beneficio de las aportaciones privadas de las empresas y asociaciones a los presupuestos de la organización» para garantizar su independencia económica. Asimismo, recordó que en los últimos años el porcentaje de financiación pública en el total de los presupuestos de la CEV ha descendido desde casi el 90 % de 2011 al 45 % de finales de 2016 y que este año bajará al 40 %.
