El sistema de pensiones públicas continúa en el foco del debate económico sobre las consecuencias del procés en Cataluña. ¿Podrían pagarse los catalanes las pensiones en caso de independencia? Si bien respuesta verdaderamente rigurosa requeriría mirar más allá de las cuentas actuales de la Seguridad Social, éstas muestran que Cataluña tiene un saldo negativo entre cotizaciones y prestaciones, aunque no mayor en términos relativos que el del conjunto del país y moderado si se compara con otras autonomía españolas.
El sistema público es deficitario en catorce autonomías españoles, entre estas la valenciana, donde el desfase anual supera el 1,55 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunitat. En 2016 la cifra del PIB fue de 105.077 millones de euros. Para sostener el sistema público de pensiones, sólo tres comunidades (Madrid, Baleares y Canarias) dispondrían de cotizaciones suficientes para pagar las pensiones de sus ciudadanos sin incurrir en déficit si hoy se decidiera romper la caja única de la Seguridad Social, el mecanismo que refleja la auténtica naturaleza del sistema español (de reparto): la solidaridad es entre individuos y entre generaciones (los trabajadores en activo financian las nóminas de los jubilados) y no tiene límites territoriales.
Investigación
Un grupo de economistas de la Universitat de València -formado por los profesores José Enrique Devesa, Mar Devesa, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas y Robert Meneu- acaba de publicar, al hilo del debate sobre Cataluña, un trabajo en el que se analiza la situación de las autonomías en cuanto al sistema de pensiones.
Su propósito, aclaran, no es poner en cuestión el modelo de caja única, sino «aportar información». El citado equipo de economistas examina, entre otros indicadores, el llamado saldo contributivo de la Seguridad Social, una cuenta que se utiliza para medir la salud financiera del sistema a corto plazo. Los resultados son demoledores para algunas autonomías y vienen a confirmar la gravedad del desfase entre pensiones y cotizaciones, que hace a la Comunitat Valenciana dependiente del modelo de caja única.
Así, el desequilibrio entre los pagos que hacen empresas y trabajadores a la Seguridad Social y los gastos que supone la nómina de los algo más de 968.000 perceptores de pensiones contributivas de la Comunitat Valenciana equivale al año al 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. Ese resultado se sitúa en la media de España, que es del 1,54 %. La autonomía con mayor desfase es Asturias, que se sitúa en el 10,5 % de su renta. El caso de Asturias se puede explicar, «además de por el envejecimiento poblacional», por el hecho de que la cuantía media de las pensiones es muy alta, algo que los autores atribuyen en parte a las prestaciones procedentes de la minería (a menudo superiores a 2.000 euros brutos al mes).
En la Comunitat Valenciana, los pensionistas cobran 848,34 euros mensuales de media, una de las más bajas de España y por debajo de la medias nacional, situada en 921,10 euros, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Medido en términos de PIB, el desfase es del 5,2% en Cantabria, del 4,36% en Galicia y del 4,24% en Castilla y León. A continuación aparecen dos territorios con perfil industrial y por ello con pensiones medias altas: País Vasco (desvío equivalente al 3,15% del PIB) y Aragón (2,44%). El resto de las regiones deficitarias, Cataluña incluida, están por debajo del 2%. Y sólo Madrid, Baleares, Canarias y la ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen una posición de «razonable sostenibilidad financiera» al disponer de moderados superavits.
