El ex director de Tributos de Murcia se une a Tomarial

El sector del juego anda revuelto. El anteproyecto de ley que regula las empresas que gestionan casinos, bingos o máquinas tragaperras no convence a ninguno de los profesionales implicados debido, esencialmente, el alza prevista en la tributación. Y Tomarial, despacho de abogados y asesores tributarios, parece dispuesto a ejercer como punta de lanza de las empresas del sector ante la Administración autonómica. La semana pasada, el bufete organizó unas jornadas sobre el anteproyecto de ley, actualmente en fase de alegaciones, que contaron con Miguel Ángel Blanes, ex director de Tributos de la Región de Murcia y máximo responsable de Axium Consulting, un despacho con sede en Murcia especializado en Planes de Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales y Protección de Datos. Ayer, Tomarial anunció la incorporación de Blanes como socio del despacho valenciano, junto a un equipo de cinco profesionales con presencia en Murcia y en las ciudades de Alicante y Elx. El despacho de abogados acaba de cumplir diez años.

Antonio Ballester, socio de Tomarial, explicó que la vertiente de derecho administrativo que practica Axium, su equipo y su implantación territorial complementan a la perfección a la firma valenciana que tiene presencia en Castelló, Barcelona o Madrid.

Tomarial subrayó cómo Blanes «ha desarrollado en los últimos años una importante actividad en el asesoramiento a empresas vinculadas con el sector del juego», una experiencia «tanto en el ámbito autonómico como en el estatal, que aporta un apoyo del más alto nivel en cuanto a la implantación, desarrollo y gestión de proyectos en los distintos subsecores del juego».

El anteproyecto de ley del juego en tramitación introduce, entre otras cosas, la denominada descontingentación de las máquinas tragaperras. Hasta la fecha, es necesario contar con una licencia para tener máquinas tragaperras en cualquier local. El cambio normativo suprime ese requisito.

En paralelo está prevista un alza de la tributación que se recogerá en la denominada ley de acompañamiento de los presupuestos. En la actualidad, cada máquina paga una cuota de 3.200 euros año al margen del volumen de su recaudación. A partir de 2018, cada máquina estará sujeta a una cuota de 3.600 euros, cantidades que arrojan un alza del 12,5%