03 de noviembre de 2017
03.11.2017

La Audiencia de Castelló devuelve el caso del fraude de la patronal al juzgado de Nules

Estima parcialmente uno de los recursos por «falta de motivación» de los indicios penales por parte del instructor

02.11.2017 | 21:08
La Audiencia de Castelló devuelve el caso del fraude de la patronal al juzgado de Nules

La Audiencia de Castelló ha estimado parcialmente uno de los recursos instados contra la investigación de un fraude de 1,8 millones de euros supuestamente cometido por dirigentes de la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC) y devuelve la causa al Juzgado de Nules para que concrete los indicios penales que atribuye a cada uno de los investigados.

La Audiencia anula casi un año y medio después tras el pronunciamiento el auto de procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción 1 de Nules al considerar que no están suficientemente motivados los indicios penales. De esta manera, la causa vuelve al juzgado de instrucción, cuyo titular deberá concretar dichos indicios. No obstante, las mismas fuentes indicaron que la Audiencia de Castelló no ha atendido los recursos presentados por algunas de las partes que solicitaban el sobreseimiento de la causa. En el auto ahora anulado, el juez concluyó que los hechos investigados revestían carácter de delito y procesó a los dirigentes de la CEC, Rafael Montero y José Antonio Espejo y a los empresarios Rufino Martínez Nieto, Elodia Salvador Benedito y Elodia Benedito Salvador por falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, según informó el TSJCV.

El juez consideraba en el auto de julio de 2016 que existían indicios de que Montero, siendo secretario de la CEC y Cierval, y Espejo, como responsable de planes de Formación de la patronal castellonense, «aprovechándose de sus cargos orgánicos, se concertaron» con cuatro empresarios -uno de ellos no ha sido localizado- «para beneficiarse económicamente del expediente (?) que incluía una subvención para la ejecución de un plan de formación intersectorial».

La investigación consideró probado que los responsables de las organizaciones empresariales simularon la intervención de los empresarios en la organización e impartición de los cursos y autorizaron los pagos. El juez concluyó que las facturas emitidas «no responden a ningún trabajo o concepto realmente prestado, ejecutado o entregado, ni existía vinculación contractual entre la entidad pagadora, la CEC» y los receptores del dinero, los tres empresarios responsables de las academias y centros de formación quienes, recibida la transferencia, «retiraban en metálico la práctica totalidad del dinero transferido». Según la investigación de los 1,8 millones de euros pagados por la patronal y no justificados, se sacaron 1,5 millones en metálico de las distintas cuentas bancarias a las que se transferían los fondos.

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