El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, cuyo objetivo es reducir los gastos asociados a modificaciones en los contratos hipotecarios y reforzar su transparencia. La norma abarata, entre otras cosas, las comisiones de cancelación anticipada de los préstamos a tipo variable, hasta eliminarlas a partir de los cinco años de vigencia del contrato, explica el Ministerio de Economía.
La conversión de tipo variable a fijo no pagará comisión a partir del tercer año y se rebajarán los gastos de aranceles y notaría, al tiempo que se prohíbe a la entidad la venta de productos vinculados a las hipotecas, como los seguros de vida.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo que la norma eleva la transparencia de las hipotecas, con el objetivo de evitar situaciones como las que se han producido en los últimos años, como las relacionadas con las cláusulas suelo.
La norma se remite ahora al Congreso y cuenta con un amplio consenso con los grupos canario, vasco y Ciudadanos, pero no con el PSOE, aunque el Gobierno está abierto a las aportaciones que pueda hacer en el trámite parlamentario.
La nueva ley establece, asimismo, que durante los siete días previos a la firma del contrato, el hipotecado deberá ser informado de su contenido y de la existencia de cláusulas potencialmente abusivas u opacas.
También amplía el plazo para que se pueda iniciar la ejecución de un préstamo hipotecario, ya que deben haberse producido nueve impagos mensuales frente a los tres actuales, o equivalentes al 2 % del capital concedido, durante la primera mitad de la vida del préstamo.
Durante la segunda mitad, el porcentaje es del 4 % o de 12 cuotas mensuales impagadas.
La directiva prevé también la posibilidad de que el consumidor pueda solicitar en cualquier momento de la vida del préstamo la conversión -en euros o en la divisa en la que percibe la mayoría de los ingresos-, del crédito en moneda extranjera, con lo que se eliminan los problemas de las hipotecas llamadas multidivisas.
En cuanto a la prohibición de las ventas vinculadas, que son las que obligan al consumidor a comprar una serie de productos financieros como condición para obtener la hipoteca, se permite a la entidad ofertas alternativas, con o sin productos asociados. En estas ventas combinadas, la entidad financiera informará de los distintos presupuestos, como una medida de transparencia obligatoria.
El proyecto de ley incluye incentivos para la transformación de créditos hipotecarios que pasen de variables a fijos y es más ambicioso en cuanto al reforzamiento de los requisitos de transparencia.
