La Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana (Cavecova) denuncia la contaminación alarmante y extremadamente dañina para la salud de miles de personas que está generándose en el Puerto de Alicante con la descarga abierta de 2 millones de toneladas al año de sustancias de alto valor toxicológico. Se trata de graneles como el coque de petróleo, Clinker de cemento, escorias de incineración, per carbonato de sodio o azufre, mercancías que cuentan con la prohibición expresa de la Unión Europea de ser manipuladas al aire libre.

Cavecova habla de una "tremenda contaminación atmosférica" que afecta a los vecinos de Alicante "frente a las ineficaces acciones" del Ayuntamiento de Alicante y de la Entidad Portuaria al reclamar la instalación de una tolva ´anti polvo´ que "no frena en ningún modo la contaminación atmosférica, pues estas nocivas descargas de graneles deben de realizarse en compartimentos cerrados", según la confederación.

Para Cavecova, es sorprendente la publicación de un informe, el pasado 21 de agosto, que determinó que la calidad del aire cumplía la legislación vigente, pues un estudio independiente llevado a cabo por la confederación "desdice al citado informe, asegurando que las cifras de toxicidad emitidas por las descargas son absolutamente nocivas para la salud de las personas que habitan distintos barrios de Alicante, así como para centros educativos u hoteles".

G-Agua ha sido la entidad experta elegida por Cavecova, un laboratorio homologado que ha realizado un informe técnico y pericial a través de mediciones realizadas durante los meses de julio y agosto. También la confederación cuenta en esta ocasión con la colaboración de la plataforma de arquitectura Mesura. Para el informe se ha utilizado un sistema de captación para determinación de partículas en suspensión que recoge la muestra sobre filtro y su posterior determinación de datos en el laboratorio, un método gravimétrico que capta los niveles de polución o material particulado en el aire. El captador se ha situado en un centro de enseñanza público cercano a la zona de descargas en el puerto y en otros dos puntos, desde el 21 de julio y el 10 de agosto de 2017, es decir días antes del informe presentado por la entidad portuaria.

Los datos "son concluyentes y generan alarma" en Cavecova. Según el informe, "los valores de PM10 obtenidos tienen más superaciones de los umbrales permitidos sobre el valor promedio diario de 50 mg/m3 y el valor promedio anual fijado en 20 mg/m3 según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los criterios del RD 102/2011".

Concretamente, el citado informe de G-Agua señala que "se supera ampliamente la limitación de 7 superaciones anuales en el promedio diario de PM10 sobre 50 mg/m3 y de 43 veces el valor de 35 mg/m3".

La exposición a estos valores genera en la salud enfermedades dérmicas y oculares, afecciones respiratorias, enfermedades en el sistema inmunitario, cardiorespiratorio o cáncer de pulmón, atendiendo a niveles de exposición y condicionantes genéticos.

Con los datos en la mano, desde Cavecova se solicita "una explicación a los responsables" del Ayuntamiento de Alicante en materias medioambientales, Víctor Domínguez como concejal de Medio Ambiente y a Miguel Ángel Pavón, vicealcalde y responsable de otorgar la licencia ambiental.

De igual modo, para la confederación "resulta preocupante" que la Universidad de Alicante, entidad que ha participado en las mediciones de un informe que "dista mucho de ser respetuoso con la salud de las personas". De hecho, las nuevas cifras "muestran a las claras los efectos nocivos para miles de vecinos de la zona, un área de impacto que afecta a más de 25.000 personas, que viven o se encuentran, como el caso de niños y niñas del CEIP de Benalúa, 'en ubicaciones próximas y muy expuestas, como también en localizaciones más alejadas y aparentemente menos afectadas'", tal como concluye el informe de la confederación.

Finalmente, Cavecova se pregunta si es ético para el Puerto de Alicante y para el ayuntamiento "ahorrarse los 120.000 euros de la multa que le impuso la Conselleria de Medio Ambiente a costa de la salud de miles de alicantinos que sufren, a diario, una polución altamente tóxica, según el informe de la confederación, pudiendo evitar ese extremo si existiera el compromiso de realizar las descargas de graneles en un depósito completamente cerrado, "sin parches costosos como la instalación de una tolva que en ningún caso frena el contacto de las materias tóxicas con las personas".