La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia ha pedido al Poder Judicial que inste a la Conselleria de Justicia a reforzar el juzgado hipotecario con tres funcionarios de apoyo para frenar el colapso que sufre. El juzgado especializado ha recibido 4.658 demandas desde que empezó a funcionar en junio y espera cerrar el año con 7.000. Los funcionarios tienen 2.000 demandas sin registrar porque no dan abasto. Cada funcionario tiene que hacer frente a 773 procedimientos. El juzgado ha resuelto 316 causas.

El TSJ ha comunicado al Poder Judicial que el juzgado está virtualmente colapsado debido a la entrada «masiva de demandas». El órgano judicial recibió en septiembre 1.701 denuncias y 953 en octubre. Las reclamaciones son solo la punta del iceberg porque los despachos de abogados están esperando a que se aclare la jurisprudencia sobre la reclamación de los impuestos del préstamo hipotecario para formalizar las demandas. Francisco Rodríguez, abogado de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV-UCE) indicó que en las próximas semanas van a presentar quinientas demandas tras constatar que los bancos no acceden voluntariamente a reintegrar el dinero a los afectados.

Los jueces valencianos están preocupados porque la última vez que pidieron refuerzos para el juzgado (el 6 de julio) llegaron tres meses después, según fuentes del TSJ. Los funcionarios de apoyo tomaron posesión cuando el juzgado ya había recibido 4.000 asuntos y se encontraba desbordado. El problema de fondo es que se ha cuadruplicado la previsión de entrada que manejaban los magistrados.

Los jueces decanos pidieron hace dos semanas el cierre definitivo de estos juzgados debido a la falta de medios y personal. El juzgado de València tiene tres jueces en prácticas, un letrado de la Administración (el antiguo secretario) y 7 funcionarios. Un problema añadido es que los tres jueces adscritos al juzgado de València solo van a estar hasta enero. Los decanos españoles advirtieron de que «la situación actual aboca al completo atasco de los juzgados especializados con una previsión de resolución de asuntos que se va a alargar de manera realmente importante en el tiempo, frustrando la resolución de las demandas interpuestas por los ciudadanos por su tardía respuesta».