Coepa no cumplirá los cuarenta años. La patronal alicantina, fundada en 1978, aprobó ayer solicitar su liquidación ordenada después de que la Agencia Tributaria hubiera embargado las cuotas de sus socios por orden del Servef, que exige a la organización empresarial la devolución de 1,9 millones de euros, más los correspondientes intereses, por las subvenciones que le concedió para la construcción de su centro de oficios y que ahora considera ilegales.
Un embargo que hacía imposible la supervivencia de la confederación empresarial, que hace justo un año lograba superar el concurso de acreedores gracias a una quita del 95% en su deuda ordinaria pero que aún tenía que pagar más de 700.000 euros a sus antiguos trabajadores y al Fogasa, que ahora, se quedarán «sin cobrar», como recalcó el presidente de Coepa, Francisco Gómez, quien no dudó en señalar a la Generalitat como la responsable de «hundir la entidad» y de «acabar con ella», aunque también atribuyó parte de la culpa a «errores del pasado» de la propia organización. Los empresarios buscan ahora fórmulas para crear una nueva organización e integrarse en la CEV
La decisión pone fin a más de dos años de lucha de los empresarios alicantinos por tratar de salvar a Coepa, desde que en noviembre de 2015 se viera obligada a solicitar el preconcurso ante la imposibilidad de hacer frente a la hipoteca que también pidió al IVF para la construcción del citado centro de oficios, que ha acabado convirtiéndose en su auténtica condena. Una batalla que había ido desgastando la imagen de la patronal y en la que cada vez Gómez y su equipo estaban más solos, sobre todo desde que la CEV lanzó su proyecto alternativo de patronal.
