La propiedad intelectual puede ser un asunto espinoso y, en ocasiones, alcanza la categoría de quebradero de cabeza, aunque por en medio estén los simpáticos emoticonos. Es lo que le ha sucedido a la firma valenciana Puckator, que se ha visto inmersa en un lío judicial y de reconocimiento de marcas que le ha costado 50.000 euros, según aseguró a este diario su propietario, Eduardo Relanzón. La cuestión es que esta firma empezó en noviembre de 2015 a comercializar una colección de cojines, tazas, zapatillas y otros artículos de regalo con los diseños de las caras amarillas. Relanzón afirma que «es un producto de libre mercado que no necesita ser registrado». Sin embargo y aunque «era nulo porque no lo creó, una empresa catalana sí lo registró». Y ahí empezaron los problemas.

En la feria del regalo Intergift de Madrid de enero de 2016, la gerente de la citada firma «se presentó en nuestro stand alegando que Puckator estaba vendiendo unos productos que no estaban registrados y que no podía comercializarlos si no le pagábamos a ella un canon», afirma Relanzón, quien añade que no consideró la protesta ya que dicha gerente no presentó ninguna documentación que acreditase su demanda. En septiembre del mismo año, de nuevo en Madrid, la representante de la compañía vuelve a la carga «y nos dice que ha presentado una denuncia contra nosotros». En el posterior certamen de Barcelona Expohogar, «se presentan los Mossos d'Esquadra junto a la policía judicial con orden de precintar nuestro stand alegando que la firma catalana ha presentado una denuncia contra Puckator por lo penal por la venta de productos falsos».

Competidores

Finalizada la feria, Relanzón se pone en contacto con otros competidores de Puckator que también comercializan productos con emoticonos y que han «tenido enfrentamientos con la firma catalana e iniciamos un proceso de nulidad de todos los registros que tiene esta empresa ante la oficina de propiedad intelectual de la UE, que finalmente los declara nulos». En noviembre, Puckator recibe notificación del juzgado de Madrid sobre la denuncia presentada por la otra empresa en septiembre. La feria Intergift de enero de 2017 se celebra sin incidencias. En julio y septiembre, los juzgados de Madrid y Barcelona decretan el sobreseimiento de las causas. En octubre, Puckator da instrucciones a sus abogados para presentar una denuncia por daños y perjuicios, pero entonces se encuentra con que «se está disolviendo y declarando insolvente», con lo que «no puedo reclamarle los 40.000 euros de gastos de los abogados y los 10.000 de pedidos de un cliente que no se realizaron finalmente».