Aumar, empresa concesionaria de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, logró un beneficio de 135,9 millones de euros durante 2017, lo que representa un incremento del 19 % en comparación con el año anterior. El tirón de las ganancias de la compañía valenciana, filial del grupo de infraestructuras Abertis, se produce en vísperas de concluir esta histórica concesión administrativa ya que el contrato de esta mercantil con el Estado concluye en diciembre de 2019.
La mejoría de la cuenta de explotación de la gestora de autovías de peaje confirma el incremento progresivo de las ganancias tras la crisis económica de España debido a la recuperación de los tráficos por la actividad del sector del transporte y del turismo. Aumar también controla el tramo de la carretera entre Sevilla y Cádiz (AP-4).
La mercantil con sede social en la capital del Túria y en otros tiempos participada por el extinto Banco de València consiguió una cifra de ingresos de 302 millones; es decir un 4 % más que el ejercicio precedente, con lo que su margen de beneficios (porcentaje de ganancias respecto a la de negocio) se dispara hasta el 45 %. Aumar, tras Sanef y Acesa, se posiciona como tercera sociedad que más negocio aporta al gigante de las infraestructuras con cuartel general en Barcelona.
En busca de compensaciones
Abertis ha mejorado sus principales magnitudes durante el ejercicio 2017, por encima de las previsiones iniciales, con un beneficio neto de cerca de 900 millones de euros (+24% comparable) y unos ingresos que, por primera vez en la historia, superaron los 5.000 millones de euros (+13%). El resultado del ejercicio se ha visto impulsado por la mejora del margen operativo y por la mayor aportación del negocio en Francia e Italia, tras un amplio plan de compra de participaciones minoritarias.
La filial 100 % de Abertis mantiene su pulso con el Ministerio de Fomento al exigir compensaciones al Gobierno central debido a la «pérdida de tráfico e ingresos» tras la construcción de la CV-10 (autovía paralela a la AP-7 entre Sagunt y Castelló) tal como contempla el contrato de la concesionaria con el Ejecutivo. Abertis mantiene un recurso judicial contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo al desestimarse sus peticiones el Gobierno de Rajoy. Esa reclamación se sitúa en unos 450 millones de euros tras calcular el deterioro de sus cuentas desde 2002.
En su informe de gestión de 2017, Abertis, que también reclama compensaciones para Acesa (concesionaria de la AP-7 entre Salou y La Jonquera), sostiene que «como consecuencia de la prueba de deterioro realizada no se ha puesto de manifiesto la necesidad de registrar un deterioro adicional al ya registrado en ejercicios anteriores» y cuyo importe elevaba a 765,6 millones.
La evolución positiva del tráfico en los principales tramos de autopistas de Abertis en España se ha traducido en un incremento medio del 3,9 % en comparación con el año anterior.
