El Colegio Oficial de Graduados Sociales de la C. Valenciana dio ayer un toque de atención al conseller de Economía, Rafa Climent, al alertar sobre la situación de bloqueo del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC). Los problemas de colapso que ni siquiera se produjeron en lo más duro de la crisis, con miles de despidos semanales, están ocurriendo ahora: retrasos de hasta dos meses y medio para convocar actos de conciliación entre empresa y trabajador.
Este servicio, dependiente del departamento de Economía y no de Justicia, es un órgano administrativo concebido para la resolución extrajudicial de conflictos laborales. El órgano reúne a empresa y empleado con el fin de reducir la litigiosidad en el orden de lo Social y llegar a acuerdos previos.
Se trata de un servicio vital para los trabajadores que han sufrido despidos, y un procedimiento en el que los plazos son vitales. El trabajador tiene solo 20 días para presentar una demanda por despido. Antes de ello, es necesario solicitar el acto de conciliación en el SMAC. Pero la petición solo detiene el reloj durante quince días. Si el acto de conciliación se celebra más allá de esos 15 días, el cómputo vuelve a correr, con el riesgo de agotar los plazos para ir al juzgado.
Y en estos momentos, los plazos se están desbordando por mucho. La semana pasado se estaba dando fecha para el 27 de abril: «Son dos meses y medio, es una barbaridad», lamentaba ayer Carmen Pleite, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de València, un colectivo que asesora a ciudadanos y empresas en gestiones ante la administración.
El SMAC está funcionando a medio gas. Según señalan fuentes sindicales, de las seis salas del servicio en València, solo están operativas cinco, pero dos de estas cuentan con bajas de personal y no se han cubierto. Ni siquiera con interinos, como en otras patas de la administración. «Hemos estado más de cinco meses con la mitad de salas y ahora con una menos. Todo por falta de cobertura de la plantilla de letrados conciliadores», lamentan en CC OO.
¿Qué efectos puede provocar esto? El más inmediato es la posibilidad de que el empleado despedido quede en situación de indefensión si pasan los 20 días sin que se formalice la demanda ante el juzgado.
El segundo efecto es, paradójicamente, el incremento de carga de trabajo en los tribunales. Y es que muchos trabajadores, ante el riesgo de que se agoten los plazos, anticipan demandas judiciales, aunque luego se archiven al llegar a un acuerdo en el SMAC. «Se generan miles de expedientes innecesarios», añade el colegio.
En tercer lugar, la espera también puede elevar el montante final para el empresario en caso de que tenga que pagar salarios de tramitación.
