01 de marzo de 2018
01.03.2018

El Supremo frena miles de demandas sobre gastos hipotecarios

El alto tribunal da la razón a la banca, que no tendrá que devolver el impuesto, el 60% de los gastos

01.03.2018 | 04:15
El Supremo frena miles de demandas sobre gastos hipotecarios

La justicia echó ayer un capotazo a las entidades bancarias, en un día crucial en su guerra con los consumidores, esta vez en el frente de los gastos hipotecarios. El Tribunal Supremo ha fijado una posición definitiva respecto al impuesto de la constitución de la hipoteca: es el comprador el que debe abonarlo.

Gana la banca. Este Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (1,5% como tipo general en la C. Valenciana) supone el grueso, en torno al 60% de gastos que debe afrontar la persona que adquiere un inmueble con el apoyo del banco: unos 3.000 euros como promedio para hipotecas de 150.000 euros. Además del impuesto, esos gastos incluyen la notaría, registro, tasación.

El alto tribunal cierra así el debate abierto desde que en diciembre de 2015 declarara la nulidad de la cláusula que imponía los gastos a los consumidores. Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo repartir estos gastos ha provocado jurisprudencia contradictoria. Algunas audiencias provinciales habían decidido que el banco debía devolver el importe; otras, como la de València, ya adelantaron la posición que ayer ratificó el Supremo.

La sección novena de la Audiencia Provincial concluyó en noviembre que aunque el banco no hubiera impuesto esa cláusula abusiva, es quien firma la hipoteca el sujeto pasivo de ese impuesto y, por tanto, el que debe abonarlo.

«Es una triste noticia para el consumidor, por el efecto disuasorio de la sentencia», valoraba ayer Vicente Inglada, secretario general de la Unión de Consumidores de la C. Valenciana. Esta asociación tenía listos para llevar a los tribunales 150 casos de expedientes sobre gastos de formalización de hipotecas. «Con este panorama lamentablemente nuestros socios no optarán por la vía judicial», apunta Inglada.
Las entidades bancarias, en efecto, recibieron ayer una buena noticia. Todos los que tengan una hipoteca en vigor o hayan terminado de pagar los últimos cuatro años son potenciales reclamantes. Más de medio millón de valencianos. Solo desde 2010, con el mercado inmobiliario hundido, se han firmado 2,5 millones de hipotecas en España. Un agujero colosal del que se ha librado el sector bancario.

La batalla de los gastos hipotecarios se solapa con otras como la de las cláusulas suelo que en este momento tienen colapsados incluso los juzgados especializados puestos en marcha para desatascar la justicia ordinaria. El 25 bis de València está admitiendo a trámite en estos momentos demandas presentadas hace justo cinco meses. Ya hay unas 3.500 admitidas.

«Si tienes cientos de miles de afectados a nivel nacional no es asumible la condena para bancos ni la carga de trabajo para juzgados», lamenta Alberto Aznar, letrado de Pedrós Abogados especializado en defensa del consumidor.

El fallo de ayer ha llevado la frustración a los despachos. «Tras la sentencia del Supremo de 2015 se había creado la expectativa de que se podía recuperar el dinero si se reclamaba. Mucha gente lo hizo, y tenía derecho en base a la jurisprudencia, pero ahora resulta que no», apunta Aznar.

¿Qué escenario queda ahora? Los afectados todavía pueden reclamar por los gastos menores de la constitución de la hipoteca: gestoría, notaría y registro. Aunque tampoco en estos la justicia los está concediendo íntegramente.

Despachos de abogados y asociaciones de consumidores se aferran ahora al Tribunal de Justicia de la UE, que ya tumbó la sentencia del Supremo que no obligaba a los bancos a devolver todas las cláusulas suelo. Pasarán años.

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