La fiscalía anticorrupción ha solicitado cuatro años de cárcel para el exconsejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, y otros tres para el exvicepresidente de la entidad y expresidente de Marie Claire S. A. Celestino Aznar y para el exdirector de Auditoría y Participadas Juan Carlos Zafrilla por un delito continuado de administración fraudulenta o desleal supuestamente cometido cuando decidieron, en contra de «cualquier criterio de racionalidad económica», que el banco tomara una participación del 68 % en la piscifactoría Acuigroup Mare Mar, fundada por el exministro del Interior socialista, Antoni Asunción, fallecido hace dos años, y el exconcejal por Unió Valenciana en el ayuntamiento de la capital autonómica Társilo Piles.

En el escrito en el que pide la apertura de juicio oral, el fiscal cifra en 29,1 millones de euros el perjuicio que los tres acusados causaron al Banco de Valencia con la citada operación y, en consecuencia, reclama que deben abonar una indemnización solidaria por idéntica cantidad a CaixaBank o, en caso de que esta renunciara, al FROB. Se da la circunstancia de que el fondo público intervino el Banco de Valencia en noviembre de 2011. Un año más tarde, lo vendió a la entidad catalana por un euro tras inyectar 5.500 millones de dinero público y establecer un esquema de protección de activos ante posibles pérdidas en los diez años siguientes. El FROB, en el año que administró el banco, fue el que presentó la querella por esta operación. Aún así, si Parra, Aznar y Zafrilla son condenados y pueden hacer frente a los pagos, el beneficiario será CaixaBank como heredero del Banco de Valencia.

El relato del fiscal abunda en cómo los acusados decidieron hacer que la entidad financiera, a través de la instrumental Inversiones Valencia Capital Riesgo (IVSCR), tomara un 20 % primero y luego otro 48 % del grupo fundado por Asunción y Piles a pesar de que eran conocedores de su inviabilidad económica. El escrito es contundente al respecto: «A pesar de que el deterioro patrimonial se mantuvo en el tiempo y que el grupo Mare Mar no generó resultados positivos en ningún ejercicio, ni antes ni después de la toma de la participación del 20 %, lo cual debía haber conducido a proponer al consejo de administración del BdV la adopción de medidas drásticas, la más plausible la venta de la participación del 20 % en una sociedad prácticamente inviable; los acusados optaron arbitrariamente, sin apoyatura en criterio económico lógico alguno y con perjuicio muy previsible para el BdV, en aumentar el porcentaje de participación en Acuigroup Mare Mar hasta el 68 %, que no servirá más que para que dicha entidad bancaria, en cuanto socio mayoritario, pase a ser, además de financiador, garante del excesivo endeudamiento bancario de la compañía».

El fiscal asegura que Parra, Aznar y Zafrilla, pese a conocer la «falta de rentabilidad» de la firma, ocultaron esa realidad al consejo del banco. También recuerda que los acusados, «conscientes en todo momento de la situación extremadamente deteriorada» de la empresa, que ya en 2010 estaba en suspensión de pagos, propiciaron, «para tratar de salvar su responsabilidad», el ejercicio de acciones judiciales contra Asunción y Piles, aunque las demandas fueron desestimadas.